Hay momentos en los que la ley deja de ser solo una norma escrita y se convierte en una pregunta moral. Bolivia atraviesa uno de esos momentos. Se declara un estado de excepción, se restringen ciertos derechos y se afirma que el objetivo es recuperar las calles para que la gente pueda trabajar, llevar pan a sus hijos y sobrevivir ante la escasez.
Nadie puede negar que el Estado tiene la obligación de restablecer el orden cuando la convivencia se rompe. Ningún país puede vivir bajo el chantaje permanente de los bloqueos, la paralización de caminos y el desabastecimiento. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en la condena diaria de quienes solo quieren trabajar, comerciar o llegar a un hospital.
Sin embargo, la pregunta de fondo no es solo si el decreto supremo y su ratificación legislativa son legales. La pregunta verdadera es otra: ¿darán seguridad jurídica real o quedarán como una hoja simple en manos del legislador? ¿Servirán para restaurar el orden o serán apenas otra pieza del teatro político nacional?
Bolivia no necesita solamente calles despejadas. Necesita respuestas. ¿Quién pagará el daño económico sufrido por La Paz y por las ciudades afectadas? ¿Quién responderá por los negocios cerrados, los mercados vacíos, los transportistas paralizados y las familias que viven del ingreso diario? Cuando se bloquea una carretera no solo se detiene el tránsito: se detiene la vida.
Pero hay una pregunta más dolorosa: ¿qué pasará con las vidas perdidas? Si murieron bloqueados o bloqueadores, si hubo violencia, negligencia, enfrentamientos o abusos, el Estado debe investigar con seriedad. No bastan rumores ni versiones convenientes. Se necesitan pericias, responsabilidades y verdad. La muerte de un boliviano no puede convertirse en una cifra confusa dentro de una crisis política.
¿Será que unas treguas o apretones de mano pueden superar las muertes? ¿Será que un dirigente puede levantar bloqueos a cambio de inmunidad, favores o eliminación de procesos? Esa pregunta incomoda porque desnuda una vieja costumbre nacional: negociar el dolor de los de abajo para proteger los intereses de los de arriba.
Ese es el precio de siempre: una nación que vende sus muertos a cambio de favores políticos. Una patria donde las víctimas se transforman en moneda de cambio, donde los ideales se arrodillan ante figuras más fuertes y donde muchas promesas terminan cambiándose por “Washingtons”, como algunos llaman al dólar.
La tragedia boliviana no está solo en el conflicto. Toda democracia tiene conflictos. La tragedia está en que casi siempre terminamos resolviéndolos no con justicia, sino con cálculo; no con verdad, sino con conveniencia.
Luego se levantan los bloqueos, vuelven los minibuses, se abren los mercados y la normalidad parece regresar. Pero debajo queda la fractura. Queda una sociedad que sabe que algo se rompió y que nadie se hizo cargo.
La paz sin justicia es cansancio; la normalidad sin verdad es resignación; y el orden sin responsabilidad es miedo.
Un estado de excepción debe ser excepcional, proporcional y controlado. Bolivia necesita calles libres, sí, pero también justicia, memoria y verdad.
Aún quiero creer en una Bolivia donde pensar distinto no sea una amenaza y donde protestar no signifique destruir al otro.
Pero la pregunta sigue abierta: ¿quién paga realmente el precio?
Hasta ahora, como siempre, lo paga el pueblo: los trabajadores, los muertos, las familias y la esperanza.
Ese sigue siendo el precio de siempre.
