El 29 de junio, Bolivia adoptó un nuevo régimen cambiario que el gobierno denominó “flexible”. La propuesta suponía que el dólar podría subir o bajar en función de la oferta y la demanda. Sin embargo, luego de su implementación, la divisa norteamericana no ha dejado de ascender de manera sistemática.
En dos semanas, la moneda nacional acumula una pérdida de un boliviano —de Bs 9,73 a Bs 10,70—. La flexibilidad, al menos por ahora, ha sido en un solo sentido, y la pregunta inevitable es: ¿hasta cuánto puede subir el dólar?
En mi columna anterior (Flexibilidad sin paracaídas: Un acto de fe) advertí que un régimen cambiario sin un ancla nominal creíble no estabiliza, sino que engendra más devaluación. Los hechos de estas dos semanas no hacen más que confirmar esa situación. Pero hay algo más profundo que la sola devaluación: el régimen propuesto por el gobierno no se parece a un esquema de flotación, sino al conocido sistema de micro-devaluaciones que ya vivimos en los años noventa, aunque ahora se presente con otro nombre.
Si se analiza con mayor detenimiento la evolución del dólar —no solo de los últimos días, sino desde que comenzó a publicarse el tipo de cambio referencial— se advierte un comportamiento recurrente. El dólar paralelo fluctuó en un rango de Bs 8,1 a Bs 9,3 durante aproximadamente cuatro meses, periodo al que le siguió un mes de mini-devaluaciones que llevaron la cotización a un nuevo piso, situado entre Bs 9,1 y Bs 10,2 entre abril y junio, en forma de gradas ascendentes. Este comportamiento no obedece a una flotación neutra —que admitiría subidas y bajadas erráticas sin una trayectoria predefinida— sino que se asemeja más a un “régimen de bandas cambiarias deslizantes con senda predeterminada”, esquema que propuse hace tres años en mi libro El modelo económico plural para contener la crisis cambiaria. Lo llamativo es que este esquema parece estar operando de manera silenciosa, a pesar de no haber sido anunciado oficialmente por las autoridades.
Junto con la flexibilidad del dólar, el gobierno había prometido un régimen de bandas cambiarias y la posibilidad de intervención del Banco Central para reducir la volatilidad mediante un fondo de estabilización con recursos provenientes de la deuda externa. Ninguno de estos dos instrumentos formó parte de la medida que dio origen a la flexibilidad. ¿Por qué no se implementaron?
¿Acaso ya fueron acordados en privado? No lo sabemos. Pero la evidencia empírica apunta a un aparente acuerdo tácito entre los llamados “jugadores del mercado” y, presumiblemente, el gobierno, para efectivizar pequeñas devaluaciones en lapsos breves, seguidas de periodos de relativa calma de tres a cuatro meses, para luego recomenzar el ascenso. Si el gobierno ha decidido implementar este régimen de bandas móviles con senda de devaluación escalonada, me parece una decisión acertada, pero debería transparentarla, porque la opacidad no es signo de estabilidad, sino de incertidumbre disfrazada.
De ser así, el mercado estaría elevando el precio hasta alcanzar un nuevo piso devaluatorio antes de estabilizarse por algunos meses. Esta hipótesis no es descabellada, pues el mercado cambiario opera con pocos participantes con capacidad decisiva para influir en el precio de la divisa.
Lo peculiar es que, junto al régimen flexible, coexiste un tipo de cambio fijo de Bs 10,4, exclusivo para la importación de combustibles. El D.S. 5652, que congela el precio de los combustibles en el mercado interno hasta principios de enero de 2027, indexa ese precio al nuevo tipo de cambio oficial. Con esta indexación, el precio de los combustibles pasará a depender de la evolución del dólar a partir de enero de 2027. De esta manera, el tipo de cambio fijo ha hecho su triunfal retorno a la economía boliviana, al menos en el corto plazo.
Este decreto revela tres hechos trascendentales. Primero, el D.S. 5516 no solo fue un decreto de “gasolinazo”, sino que implicó una devaluación oficial de la moneda, incorporada sutilmente en el denominado “factor de ajuste”. Segundo, el nuevo decreto evidencia que, para estabilizar el precio de la gasolina y el diésel, el gobierno necesita un tipo de cambio fijo, no flexible. Tercero, la subvención no ha desaparecido, solo cambió de forma: ahora está implícita en el tipo de cambio, lo que significa que, si el dólar supera los 10,40, esa diferencia deberá ser asumida por YPFB.
La conclusión es clara: el dólar sube no porque el nuevo régimen sea genuinamente flexible, sino porque responde a un esquema de micro-devaluaciones escalonadas y pactadas. La pregunta no es si el dólar va a subir, sino ¿hasta cuanto? y ¿cada cuándo? Y allí la respuesta la tienen las bandas cambiarias invisibles para el país, pero visibles para los jugadores del mercado.
