La reciente aprobación del Decreto Supremo 5644 marca un quiebre definitivo en el modelo energético boliviano al autorizar la libre importación y comercialización de diésel y gasolinas a precios de mercado para el sector privado. Al delegar parte de la pesada carga del subsidio en hombros particulares, el país entra en un escenario inédito donde la infraestructura de transporte por ductos ya no operará bajo un esquema logístico cerrado y exclusivo de la estatal YPFB.
El éxito de esta transición económica no se definirá únicamente en los surtidores, sino en la capacidad técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para equilibrar la sostenibilidad financiera de empresas como YPFB Transporte S.A. con la estabilidad macroeconómica del Estado y el bienestar de la economía popular, dentro de un mercado mixto que urge de certidumbre regulatoria.
Para que el sector privado pueda importar carburantes de manera eficiente, la vía terrestre mediante cisternas resulta sumamente costosa e insostenible a gran escala. La clave reside en optimizar las tuberías existentes. Históricamente existía la falsa percepción popular de que la red de ductos era de uso exclusivo del sector público; sin embargo, legalmente la apertura a terceros siempre estuvo consagrada en el Artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058, el cual determina textualmente que la actividad de transporte de hidrocarburos por ductos se rige bajo el Principio de Libre Acceso (Open Access).
Hoy, esta viabilidad operativa de coexistencia en el mercado interno la aterriza el nuevo Decreto Supremo 5644 en su artículo 10, al establecer que las estaciones de servicio podrán comercializar simultáneamente carburantes distribuidos por YPFB e importados por privados, exigiendo mecanismos de diferenciación en volumen y almacenaje regulados mediante resoluciones de la ANH, cuyas tarifas de peaje por tramos deben sustentarse técnicamente en la Resolución Ministerial N° 061/2009.
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Mirando el panorama con objetividad, esta reforma equilibra variables macroeconómicas con el consumo doméstico. En la dimensión fiscal, la libre importación privada alivia de inmediato las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) al reducir el gasto en la subvención, mitigando la presión sobre las reservas internacionales y la balanza de pagos. Asimismo, YPFB Transporte S.A. tendría la posibilidad de generar ingresos adicionales mediante peajes de inyección y tarifas de almacenaje pagados por comercializadores privados y grandes sectores productivos.
No obstante, el principal riesgo para la economía familiar es el impacto inflacionario derivado del arbitraje ilegal si conviven un combustible subsidiado y otro a precio libre. Ante esto, resulta imperativo que la ANH aplique con rigurosidad el Artículo 12 del Decreto Supremo 5644, bloqueando cualquier intento de mezcla o trasvase que desvíe el producto estatal hacia canales comerciales privados y ponga en riesgo el abastecimiento básico.
Bolivia avanza por la senda correcta al sincerar los costos de su cadena logística; la rigidez absoluta del subsidio generalizado ya no era sostenible macroeconómicamente. Sin embargo, para transitar este camino de forma segura, el control de la ANH debe actualizarse drásticamente.
El sistema informático B-SISA (Sistema de Autoidentificación de Combustibles), implementado y administrado por la ANH bajo el mandato del Artículo 49 de la Ley N° 264 y del Decreto Supremo 1436, parece evidenciar ciertas brechas operativas en su esquema actual de control; sin embargo, este escenario abre una valiosa ventana de oportunidad para actualizar la plataforma y consolidarla como el pilar de la trazabilidad en tiempo real.
Como recomendación crucial, el cambio no debe ser meramente punitivo en las estaciones de servicio, sino tecnológico y preventivo desde el transporte mismo, modernizando el B-SISA para blindar la cadena contra cualquier intento de trasvase mediante el cruce automático de los datos de inyección por volumen en los poliductos de YPFB Transporte con los despachos físicos en las terminales de almacenaje.
Solo con una fiscalización predictiva, que proteja los cupos de distribución y fije peajes transparentes, se evitarán fugas fiscales, garantizando que esta histórica apertura estabilice la economía nacional sin estrangular el consumo de la población.
*Es economista
