Hace quince años, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, millones de personas trabajadoras en el servicio doméstico remunerado de todo el mundo obtuvieron el reconocimiento que durante tanto tiempo se les había negado.
La adopción del Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), marcó un hito histórico al reconocer que el trabajo doméstico es trabajo, y que quienes lo realizan, tienen derecho a las mismas protecciones y derechos que el resto de las personas trabajadoras.
Las trabajadoras y los trabajadores domésticos desempeñan un papel esencial para el sostenimiento de las familias, las sociedades y las economías. Limpian hogares, preparan alimentos, cuidan viviendas y jardines. También brindan cuidados y apoyo a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe, cerca de 13,5 millones (alrededor del 90 por ciento) son mujeres, lo que convierte al trabajo doméstico en una de las ocupaciones más feminizadas de la región. Ellas siguen enfrentando una realidad marcada por la informalidad con acceso limitado a derechos laborales y protección social, y escasa representación.
Quince años después de la adopción del Convenio núm. 189, muchos países han avanzado en la ampliación de la protección laboral para este sector, sin embargo, todavía mucho queda por hacer en la aplicación efectiva del derecho. En 2021, el número de trabajadoras y trabajadores domésticos cubiertos por la legislación laboral a nivel global había aumentado en 15 puntos porcentuales. Sin embargo, en nuestra región, una de cada cinco personas trabajadoras domésticas estaba cubierta por la seguridad social, mientras que cerca de ocho de cada diez se encontraban en la informalidad.
La elevada informalidad que caracteriza al sector las expone además a riesgos de accidentes y enfermedades laborales, así como a una mayor inseguridad económica durante la vejez.
En el caso de las personas trabajadoras domésticas migrantes, estos desafíos suelen agravarse debido a normativas migratorias restrictivas, costos y comisiones de contratación, falta de reconocimiento de competencias, dependencia respecto de los empleadores y el temor a perder su situación migratoria regular.
Hoy, proteger a las trabajadoras domésticas es más urgente que nunca. El futuro del trabajo doméstico en América Latina y el Caribe estará determinado por el envejecimiento de la población, la expansión de los sistemas de cuidados, la mayor participación laboral femenina, las dinámicas migratorias, la digitalización y el cambio climático. En conjunto, estas tendencias incrementarán la demanda de servicios de cuidado y reforzarán la necesidad de profesionalizar, formalizar y proteger el trabajo doméstico remunerado.
Aunque se han logrado avances importantes, la pregunta ahora es cómo acelerar el cambio durante los próximos quince años para garantizar una protección efectiva para todas las personas trabajadoras domésticas.
Afortunadamente, el movimiento en favor de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos es hoy más fuerte que hace quince años.
Actualmente, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar reúne a 94 organizaciones afiliadas en 71 países, entre ellas la FENATRAHOB (Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia), y representa a más de 676.000 trabajadoras y trabajadores domésticos en todo el mundo.
América Latina y el Caribe también ha sido escenario de un fortalecimiento sostenido de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Su voz ha sido fundamental para impulsar reformas legales, promover la ratificación del Convenio núm. 190 sobre la violencia y el acoso y defender los derechos laborales del sector. También han contribuido a que el trabajo doméstico sea reconocido como un componente esencial de los sistemas y políticas de cuidados que hoy avanzan en numerosos países de la región.
Al ritmo actual, se necesitarían todavía 85 años para garantizar que todas las personas trabajadoras domésticas estén protegidas. Es demasiado tiempo.
Ha llegado el momento de garantizar que quienes sostienen el bienestar de tantas personas y de nuestras sociedades cuenten con derechos, trabajo decente y justicia social.
