Paola Aguirre expresó su desacuerdo con el acuerdo entre la Gobernación y sectores movilizados en Yapacaní, al considerar que algunos compromisos podrían interpretarse como concesiones a grupos que, según afirmó, afectaron la economía nacional.
“Estoy en absoluto desacuerdo con cualquier compromiso que suponga negociar la libertad de personas que han dañado la economía nacional, que han pedido la renuncia de un presidente electo y que han desestabilizado el país”, aseguró la autoridad.
La autoridad departamental señaló que los acuerdos favorecieron a los sectores movilizados, mientras que la ciudadanía fue la principal afectada por los bloqueos. Además, observó que el acuerdo no incluye medidas para evitar futuras acciones de presión ni para garantizar el respeto a la institucionalidad.
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Diálogo
“El gobernador ha acudido a los municipios de San Julián y Yapacaní obligado por las circunstancias que seguían perjudicando al departamento de Santa Cruz”, afirmó, al tiempo de señalar que varios de los compromisos firmados ya habían sido acordados anteriormente.
Aguirre cuestionó la forma en que se desarrolló la negociación, señalando que el diálogo se dio en un contexto marcado por el “chantaje y la extorsión”. Pese a ello, destacó que la intervención del gobernador respondió a la necesidad de encontrar una salida para restablecer la normalidad en el departamento.
Tierras
Sobre las demandas vinculadas con tierras y asentamientos, la vicegobernadora fue enfática al afirmar que la Comisión Agraria Departamental no permitirá la legalización de avasallamientos. “De ninguna manera se va a legalizar el avasallamiento; se debe garantizar la propiedad privada”, sostuvo Aguirre.
Además, afirmó que el diálogo debe prevalecer como mecanismo principal para la resolución de conflictos y que los bloqueos deben ser eliminados como herramienta de presión.
