El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó sobre una tendencia a la normalización del país, con un despeje casi total de las carreteras y una recuperación gradual de las actividades económicas.
Callisaya señaló que el reporte se basó en una serie de 56 acciones defensoriales y el monitoreo de las acciones implementadas por el Gobierno desde la declaratoria Estado de excepción, el pasado sábado.
“Hay una tendencia clara a la normalización de la transitabilidad y recuperación gradual de las actividades económicas y comerciales. Sin embargo, informamos que todavía subsisten algunos problemas post conflictividad como es el hecho de la escasez de combustible y el tema de salud”, informó el defensor en conferencia de prensa.
Detalló que las acciones defensoriales se realizaron a través del monitoreo de los puntos de bloqueo y procesos de desbloqueo, además de verificaciones en terminales terrestres, estaciones de servicio y celdas policiales, y visitas a centros de salud.
En el caso de la transitabilidad de las carreteras del país señaló que se registró una reducción “sostenida” de la conflictividad vial, con una disminución muy considerable de los puntos de bloqueo.
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Resumen
Estos operativos se realizaron sin un uso significativo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía. Sin embargo, se registraron algunos incidentes que afectaron el ejercicio a la libertad de prensa y una persona herida durante una tarea de desbloqueo, que logró ser atendida oportuna y adecuadamente, en Cochabamba.
Sin embargo, señaló la persistencia de algunas dificultades post conflictividad, como el desabastecimiento de combustible y alertas de salud, por la escasez de medicamentos e insumos médicos.
“La alerta ha sido emitida por el Hospital de la Mujer en sentido de que hay una catástrofe poblacional en la atención de pacientes. y ha merecido ahora que nosotros como Defensoría del Pueblo podamos instar una reunión interinstitucional para generar un plan que permita regularizar esta atención”, afirmó Callisaya.
Asimismo, detalló que la institución se encuentra gestionando la realización de controles en relación al precio de los alimentos con las alcaldías de La Paz y El Alto.
Finalmente anunciaron que continuarán trabajando para velar por el respeto a los derechos de la población, mientras las actividades se van regularizando.
