Con el propósito de asegurar que ningún beneficiario quede excluido por trámites pendientes o dificultades administrativas, el Gobierno nacional ampliará hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para el cobro del beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).
La medida permitirá que miles de personas que aún se encuentran en procesos de validación, regularización o habilitación puedan acceder efectivamente a este apoyo económico destinado a proteger a los sectores más vulnerables de la población.
Asimismo, se incorporará a beneficiarios que actualmente se encuentran en proceso de habilitación dentro de las bases de datos correspondientes, quienes podrán cobrar el beneficio una vez concluidas las verificaciones establecidas.
El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) fue creado como una medida de protección social para contribuir al alivio económico de las familias bolivianas frente al incremento del costo de vida, mediante la entrega de una transferencia monetaria extraordinaria de Bs 150 a grupos priorizados.
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Entre los beneficiarios se encuentran mujeres gestantes y madres con niños menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad, estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, además de beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben una jubilación.
De acuerdo con informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aún existen casos pendientes de validación y habilitación debido a observaciones documentales, actualización de registros, trámites de representación, remisión de información por parte de algunas entidades públicas y dificultades operativas derivadas de los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones del país.
La ampliación del plazo busca garantizar que todos los beneficiarios habilitados puedan ejercer su derecho al cobro sin verse afectados por factores ajenos a su voluntad.
El Ministerio de Economía aclaró que esta prórroga tiene como finalidad concluir los procesos de validación y habilitación pendientes dentro de los grupos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, precisó que la medida no modifica los criterios de elegibilidad ni genera obligaciones financieras adicionales para el Estado.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección social y el bienestar de las familias bolivianas, priorizando el acceso efectivo de la población más vulnerable a los beneficios destinados a fortalecer su economía familiar.
