La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitará una reunión inmediata con el presidente del Estado para presentar las conclusiones de la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, que definió una agenda de propuestas orientadas a enfrentar la crisis económica y acelerar la recuperación del aparato productivo.
Entre las demandas planteadas al Gobierno, la CEPB priorizó un plan de salvataje para empresas en riesgo, garantías de seguridad jurídica, medidas que impidan nuevos bloqueos de carreteras, estabilidad normativa, acceso a financiamiento y liquidez, además de evitar nuevas cargas tributarias o salariales que afecten la competitividad del sector privado.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que las medidas consensuadas se entregarán y explicarán personalmente al mandatario y a su gabinete, con el objetivo de que se incorporen en las decisiones de política económica.
«Las medidas emergentes de este encuentro serán entregadas y explicadas en una reunión que solicitaremos al presidente del Estado y a sus ministros. Esta acción debe ser objeto de un seguimiento y una respuesta adecuada. La solicitud de audiencia la haremos de inmediato», afirmó.
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Cumbre
Ortuño destacó que la cumbre reunió a representantes de unas 60 organizaciones empresariales del país, que coincidieron en la necesidad de actuar de manera coordinada para enfrentar una crisis que calificó de estructural y agravada por los más de 50 días de bloqueos registrados recientemente.
«La recuperación de la economía afectada por problemas estructurales es una tarea que nos demandará mucho tiempo, constancia y voluntad. Esta cumbre ha sido el principio de un camino que hemos decidido recorrer juntos», señaló.
Entre las principales conclusiones del encuentro, el empresariado reafirmó la unidad del sector y acordó exigir al Gobierno que las políticas económicas que afecten a la actividad privada se coordinen previamente con sus organizaciones.
Según Ortuño, las empresas son las que finalmente asumen los costos de la implementación de estas medidas, por lo que consideró indispensable que participen en el diseño de las decisiones económicas.
Asimismo, anunció que se conformará una comisión jurídica para evaluar posibles acciones legales destinadas a establecer responsabilidades por las pérdidas ocasionadas durante los bloqueos y analizar mecanismos de resarcimiento.
«Haremos un análisis jurídico para evaluar los pasos que se deben tomar para demandar sanciones y resarcimientos, pero sobre todo garantizar que estas acciones no vuelvan a repetirse», indicó.
Crisis
El dirigente empresarial sostuvo que los bloqueos profundizan una crisis que ya venía afectando a la economía nacional y advirtió que esta práctica se ha convertido en un problema recurrente que deteriora la producción, el empleo y la imagen del país.
«El bloqueo se ha institucionalizado como una práctica común. Mientras no se erradique, seguiremos sufriendo afectaciones en distintos sectores y regiones», afirmó.
Respecto al abastecimiento de combustibles, Ortuño sostuvo que el problema afecta transversalmente a toda la economía y señaló que el empresariado está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones.
Explicó que durante la cumbre se analizó la posibilidad de ampliar la importación directa de combustibles por parte del sector privado y promover un mayor uso de etanol para reducir la demanda de hidrocarburos.
Consultado sobre el nuevo régimen cambiario, consideró que la implementación de un tipo de cambio más cercano a la realidad constituye un primer avance, aunque advirtió que deberá estar acompañado por una adecuada provisión de liquidez para evitar presiones inflacionarias.
«Uno de los temas pendientes de solución era precisamente tener un dólar real en el país. Creo que se han dado los primeros pasos. Esos primeros pasos tienen que estar complementados con liquidez suficiente por parte del Estado para que este tema no se convierta en un factor inflacionario», concluyó.
