La actuación del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante los más de 50 días de bloqueos pasó a la mira de legisladores, que este martes impulsaron acciones de fiscalización y anunciaron una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Kattia Arando presentó una denuncia ante la Vicepresidencia del Estado en la que cuestiona la respuesta institucional de la Defensoría del Pueblo durante los conflictos sociales registrados en las últimas semanas.
La legisladora aseguró que la entidad no actuó con imparcialidad en la protección de los derechos de la población y pidió la conformación de una comisión especial mixta para investigar el desempeño de la institución y determinar eventuales responsabilidades.
Arando también promovió una Petición de Informe Oral (PIO), que ya fue admitida. Por consecuencia, Callisaya deberá comparecer el próximo 9 de julio ante la Comisión de Política Social de la Asamblea Legislativa para explicar las acciones que adoptó la Defensoría en favor de los sectores afectados por la crisis.
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A esas observaciones se sumó la diputada Lissa Claros, de la bancada Libre, quien anunció una Petición de Informe Escrito (PIE) y adelantó que su bancada prepara una denuncia penal contra el Defensor del Pueblo.
«Hoy estamos planteando una petición de informe escrito al Defensor del Pueblo (…) y, lamentablemente, no cumple un rol de defensa a la población boliviana», afirmó Claros.
La legisladora cuestionó que la autoridad no asumiera acciones durante los bloqueos y aseguró que deberá explicar cuál fue el trabajo desarrollado por la institución en ese periodo.
En criterio de la parlamentaria, la Defensoría no respondió a las necesidades de los transportistas, comerciantes y familias, que resultaron afectadas por las medidas de presión. «Estamos elaborando una denuncia por la vía penal por incumplimiento de deberes y funciones».
El país atravesó por una crisis provocada por los bloqueos de carreteras que se prolongaron por 53 días y afectaron el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos en distintas regiones del país.
Durante ese periodo, la Defensoría del Pueblo emitió pronunciamientos sobre la protección de los derechos humanos.
