La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco R.L.) rechazó las versiones que vinculan a sus cooperativas afiliadas con actividades de minería ilegal en el municipio de Mapiri, en el departamento de La Paz, y pidió que se ejecuten investigaciones en torno a los ataques violentos contra operativos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Ferreco aseguró que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal y en áreas autorizadas.
En una conferencia de prensa, el presidente de Ferreco, Wilson Alanoca, afirmó que las cooperativas afiliadas a la organización cuentan con derechos mineros legalmente constituidos y una trayectoria de más de 45 años de trabajo en la región, por lo que pidió evitar generalizaciones tras los hechos ocurridos durante un operativo de la AJAM.
«Queremos dejar claramente establecido que en el municipio de Mapiri no se está realizando minería ilegal, como se está generalizando. Existen cooperativas con más de 45 años de trayectoria que tienen derechos preconstituidos y vienen trabajando de manera legal», sostuvo.
Alanoca señaló que el conflicto registrado en el municipio corresponde a una disputa interna entre dos cooperativas y no refleja la situación del conjunto del sector cooperativo minero.
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AJAM
«Este caso es un problema interno entre dos cooperativas. Obviamente, reprochamos todo lo que se ha realizado. No pueden actuar en contra de las instituciones públicas», manifestó.
En ese sentido, Ferreco condenó los hechos de violencia y vandalismo ocurridos durante el operativo de la AJAM y expresó su respaldo a las acciones destinadas a preservar el orden y el respeto a las instituciones públicas.
La federación también rechazó las afirmaciones que intentan relacionar a las cooperativas afiliadas con organizaciones criminales o actividades ilícitas, al considerar que esas acusaciones carecen de sustento y perjudican la imagen del sector cooperativo formal.
Como parte de las acciones anunciadas, Ferreco informó que solicitará un informe oficial a la AJAM para conocer los resultados del operativo y pidió al Ministerio Público llevar adelante una investigación objetiva, transparente e imparcial que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los actos de violencia.
La organización reiteró su disposición a colaborar con las autoridades competentes. Y sostuvo que las investigaciones deben diferenciar a las cooperativas que operan con autorización legal de cualquier actividad minera que se desarrolle al margen de la normativa vigente.
