La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno apruebe un decreto que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de sus servicios y prohíba los cortes por falta de pago, al considerar que una medida de este tipo trasladaría al sector privado el costo de una crisis económica que no generó.
En un pronunciamiento, la entidad advirtió que imponer un diferimiento obligatorio afectaría el flujo de caja de las empresas, comprometería la continuidad de los servicios y pondría en riesgo miles de fuentes de empleo en un contexto en el que el aparato productivo aún enfrenta las consecuencias de los recientes conflictos sociales.
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La CNC recordó que, según estimaciones del sector empresarial, los 53 días de bloqueos ocasionaron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares, impacto al que se suman las dificultades derivadas de la escasez de combustibles, el incremento de los costos operativos y la desaceleración de la actividad económica.
En ese escenario, sostuvo que las empresas continúan cumpliendo con obligaciones como el pago de salarios, impuestos, créditos y proveedores. Por por lo que asumir además el financiamiento de un diferimiento de pagos reduciría aún más su liquidez y capacidad operativa.
La organización enfatizó que las políticas de protección social corresponden al Estado y consideró que no deberían financiarse mediante cargas adicionales para el sector privado. Al que identificó como uno de los principales generadores de empleo, inversión y actividad económica.
Finalmente, la Cámara Nacional de Comercio afirmó que la recuperación económica requiere políticas que fortalezcan la capacidad de las empresas para invertir y producir. En lugar de medidas que puedan deteriorar su situación financiera y limitar su contribución al crecimiento del país.





















































































