La propuesta del Gobierno de distribuir en partes iguales los recursos públicos entre el nivel central y las entidades subnacionales comenzará a traducirse gradualmente en la planificación fiscal del país (PGE), según afirmó este martes el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Consultado sobre si el denominado esquema 50/50 será incorporado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 o requerirá una reforma a la normativa de autonomías, Gálvez señaló que, aunque el proceso demanda ajustes normativos y presupuestarios, la política deberá reflejarse en las futuras asignaciones de recursos.
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PGE
«A la larga sí o sí tiene que reflejarse en los presupuestos. Ya estamos avanzados en el año y tenemos que hacer el ajuste presupuestario para esta gestión porque eso permite proveer recursos a los municipios como estaba contemplado originalmente», sostuvo el vocero en conferencia de prensa.
Explicó que el ajuste presupuestario que actualmente prepara el Ejecutivo contempla una serie de medidas destinadas a fortalecer la disponibilidad de recursos para los gobiernos subnacionales, mientras se avanza en la implementación de la nueva política de distribución fiscal.
«Este ajuste presupuestario que está en curso tiene una serie de beneficios», añadió.
Tratamiento legislativo
Gálvez indicó que, conforme avance el trabajo técnico y normativo, será necesario que la a Asamblea Legislativa considere la propuesta, instancia que deberá analizar las modificaciones que correspondan para su aplicación.
«En la medida que avancen los trabajos, eventualmente se tendrá que considerar en la Asamblea Legislativa», afirmó.
El vocero advirtió que una demora en la aprobación de las medidas podría postergar la llegada de mayores recursos a gobernaciones y municipios.
«Consideramos que cuanto más se alargue ese tratamiento, más tiempo va a tomar que las gobernaciones y municipios cuenten con recursos; pero, a la larga, las definiciones de las políticas transversales se tienen que reflejar en los presupuestos año a año», señaló.
Impacto fiscal
La propuesta del 50/50, que impulsa el presidente Rodrigo Paz, plantea una redistribución de los recursos públicos para que el 50% lo administre el Gobierno central y el otro 50% por los gobiernos departamentales, municipales y otras entidades subnacionales.
Desde una perspectiva económica, la iniciativa implicaría una modificación en la estructura de asignación de recursos fiscales y en la planificación del Presupuesto General del Estado, por lo que su implementación requerirá ajustes legales, administrativos y financieros antes de consolidarse como una política permanente.
