Durante los últimos 26 años, Bolivia ha demostrado que las decisiones más importantes de su historia reciente no siempre se han definido en las urnas, en el Parlamento o en los despachos gubernamentales.
Muchas veces han sido las calles, las carreteras y hasta las plazas las que han terminado inclinando la balanza política.
La Guerra del Agua de 2000, la Guerra del Gas de 2003, las movilizaciones por las autonomías, la marcha indígena del TIPNIS, las protestas del 21F, la crisis de 2019 y los recientes bloqueos promovidos por sectores afines a Evo Morales forman parte de una misma tradición política: la utilización de la movilización social como mecanismo de presión para modificar decisiones estatales, impulsar transformaciones estructurales o incluso provocar la caída de gobiernos.
Protestas
Para el analista político Carlos Saavedra, la protesta ocupa un lugar central en la historia boliviana porque forma parte de la propia estructura de poder del país.
“Bolivia es una sociedad con un tejido social bastante profundo. El bloque popular tiene una organización urbana, rural e indígena muy poderosa que marca una diferencia con otras sociedades”, sostiene.
La afirmación ayuda a entender por qué las protestas en Bolivia han tenido una capacidad de incidencia mucho mayor que en otros países de la región. Mientras en muchas democracias las demandas sociales encuentran canales institucionales relativamente estables, en Bolivia la movilización ha sido históricamente un instrumento legítimo para interpelar al poder político.
El punto de partida de esta historia suele ubicarse en Cochabamba, durante el año 2000.
Poder político
La denominada Guerra del Agua estalló cuando la concesión del servicio a la empresa Aguas del Tunari derivó en incrementos tarifarios que provocaron una reacción masiva de la población. Durante semanas, las calles fueron escenario de protestas, bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El conflicto concluyó con la anulación del contrato y una victoria de los movimientos sociales.
Más allá del resultado inmediato, la Guerra del Agua marcó el inicio del agotamiento del modelo político construido durante los años 90. La protesta dejó de ser una simple herramienta reivindicativa y comenzó a convertirse en un factor capaz de modificar decisiones estratégicas del Estado.
Tres años después, esa capacidad tendría su pico. La renuncia de Sánchez de Lozada no fue un hecho aislado.
Conflictos
Dos años después, Carlos Mesa también abandonó la Presidencia en medio de movilizaciones relacionadas con los hidrocarburos y la demanda de nacionalización.
Posteriormente, en 2019, Evo Morales dejó el poder tras una prolongada crisis política alimentada por denuncias de fraude electoral, movilizaciones ciudadanas, cabildos y paros cívicos.
Aunque los contextos fueron distintos, hay un elemento común: la capacidad de la protesta para modificar el curso institucional del país.
“Los fines de ciclo y los inicios de nuevos ciclos en Bolivia no son necesariamente institucionales o solo por el voto, sino que terminan definiéndose en la calle”, señala Saavedra.
Análisis
La afirmación resulta especialmente relevante porque cuestiona una visión tradicional de la democracia basada exclusivamente en los mecanismos electorales.
En Bolivia, las urnas han sido fundamentales, pero la historia reciente muestra que la legitimidad política también se disputa en el espacio público.
El concepto del poder dual
Para explicar este fenómeno, Saavedra cita una idea desarrollada por René Zavaleta Mercado.
Según esta interpretación, en Bolivia existe un “poder dual”: por un lado, el Estado formal; por otro, las organizaciones sociales que poseen capacidad real de presión y representación.
“En Bolivia hay un poder dual que se expresa en la protesta. Este poder dual está representado por las organizaciones y por el tejido social activo que tiene el pueblo boliviano”, explica.
Esta característica ayuda a comprender por qué los sindicatos, las organizaciones campesinas, las federaciones vecinales, las organizaciones indígenas y los comités cívicos han tenido históricamente una influencia política que supera ampliamente la de sus equivalentes en otros países.
Carlos Saavedra
No se trata solo de actores sociales. En muchos casos se han convertido en actores de poder.
La Guerra del Agua, la Guerra del Gas, las luchas autonómicas en Santa Cruz y las movilizaciones del 21F son ejemplos de cómo distintos sectores lograron imponer temas en la agenda nacional mediante la presión colectiva.
Las grandes transformaciones políticas bolivianas han estado acompañadas por movilizaciones.
La agenda autonómica impulsada desde el oriente del país derivó en cambios institucionales profundos.
Del mismo modo, las demandas surgidas durante el ciclo de protestas entre 2000 y 2005 terminaron influyendo en la Asamblea Constituyente y en la configuración del Estado Plurinacional.
Portestas y transformación
“Las grandes transformaciones como el modelo autonómico o la Constitución misma del Estado Plurinacional han sido protestas que han plasmado cambios concretos en la estructura jurídica del país”, sostiene Saavedra.
La movilización, por tanto, no ha sido únicamente un mecanismo de resistencia. También ha funcionado como una herramienta de construcción institucional.
Sin embargo, el analista establece una diferencia importante entre las protestas que persiguen transformaciones estructurales y aquellas que responden a intereses más inmediatos.
“La gran diferencia es tener una agenda de reivindicaciones y un horizonte de país. No es la lucha del poder por el poder”, afirma.
Riesgos
Si bien Saavedra reconoce el papel histórico de la protesta, también advierte sobre los riesgos de normalizar ciertas formas de movilización.
Particularmente cuestiona el bloqueo de carreteras.
“Creo que hay que rever el tema del bloqueo como mecanismo de presión”, señala.
A su juicio, esta práctica genera costos económicos elevados, restringe derechos fundamentales y contribuye al deterioro de la gobernabilidad.
“La protesta es fundamental en una sociedad democrática, pero el bloqueo es muy complejo y genera daños muy profundos”, afirma.
Bloqueos
Su posición resulta especialmente relevante en un contexto donde los bloqueos se han convertido en una herramienta recurrente de presión política.
Desde los conflictos por el censo hasta las movilizaciones evistas de los últimos años, las carreteras han sido utilizadas como escenarios de disputa política.
La consecuencia ha sido una creciente tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación.
Para Saavedra, el actual momento político debe entenderse como una transición histórica.
“Bolivia está entrando en una etapa de conflictividad porque está en un momento de transición de ciclo político”, sostiene.
Transformación
Según su análisis, el ciclo inaugurado con el Estado Plurinacional no ha desaparecido completamente, pero sí enfrenta una transformación profunda.
“No creo que haya muerto el ciclo político del Estado Plurinacional, pero sí la gente ya no quiere que lo conduzca el masismo”, dijo.
En este escenario, la conflictividad aparece como una expresión de la disputa por el liderazgo del próximo ciclo político.
Las movilizaciones ya no solo buscan resolver demandas sectoriales. También intentan influir en el nuevo mapa de poder.
En los últimos días, Morales amenazó al presidente Rodrigo Paz, luego de que éste se refiriera a una orden de captura pendiente contra el expresidente: “Vamos a ver quién tiene los días contados”, dijo.
