El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó una dura crítica a la situación del Órgano Judicial y advirtió que la falta de recursos mantiene a la administración de justicia con tecnología obsoleta, infraestructura deteriorada y una carga laboral que, según dijo, resulta insostenible para jueces y funcionarios.
A través de un mensaje en redes sociales, Saucedo sostuvo que la modernización de la justicia continúa estancada por la escasez de presupuesto y la falta de respaldo de los otros órganos del Estado.
«Nuestros sistemas son obsoletos, las computadoras se cuelgan, las casas judiciales están en deterioro y el personal soporta una carga procesal inhumana», afirmó.
Lea también: Cívicos de Santa Cruz alistan denuncias penales por los bloqueos
La autoridad señaló que, sin inversión en tecnología, el sistema judicial no podrá implementar herramientas como el acceso a expedientes desde teléfonos móviles, notificaciones en tiempo real o la interoperabilidad entre instituciones, medidas que considera indispensables para agilizar los procesos.
Saucedo cuestionó el nivel de financiamiento destinado al Órgano Judicial. Indicó que actualmente recibe el 0,35% de los recursos del Tesoro General de la Nación y sostuvo que ese porcentaje resulta insuficiente para atender las necesidades del sistema.
En ese sentido, planteó elevar la asignación hasta al menos el 5%.
Además, lamentó que la Asamblea Legislativa aún no haya tratado los cuatro proyectos de ley presentados por el Órgano Judicial, orientados al financiamiento y la modernización institucional. También pidió completar la conformación de los altos tribunales mediante la elección de magistrados para las vacantes existentes en Beni y Pando.
«Le mintieron al Órgano Judicial durante años, pero lo peor es que le siguen mintiendo», reclamó.
En pocos días se realizará la Reunión Nacional de Emergencia de la Jurisdicción Ordinaria, convocada para el lunes 29 de junio en Sucre. En ese encuentro participarán magistrados, vocales y jueces de todo el país para definir acciones frente a la crisis institucional, exigir un presupuesto adecuado y analizar medidas en defensa de la independencia judicial.



















































































