El procurador general del Estado, Hugo León, expresó este martes su preocupación por el conflicto entre el Órgano Judicial y el Gobierno y advirtió que una paralización de actividades afectaría el acceso a la justicia. En ese contexto, pidió que las demandas presupuestarias se resuelvan mediante el diálogo y la concertación.
El funcionario se pronunció un día después de que jueces y vocales respaldaran el ultimátum planteado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que exige una mayor asignación de recursos y advirtió con un paro nacional si no existen respuestas en el plazo fijado.
«La Procuraduría General del Estado ha tomado con preocupación las últimas declaraciones de las autoridades del Órgano Judicial, respecto a la situación presupuestaria y las demandas vinculadas al funcionamiento de ese órgano del Estado», afirmó León.
El jurista cuestionó la posibilidad de una suspensión de actividades y sostuvo que una medida de esa naturaleza tendría consecuencias directas para la ciudadanía, especialmente en los procesos penales que requieren atención inmediata.
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«Consideramos inaceptable que, por ejemplo, ante el no funcionamiento del Órgano Judicial, todos aquellos actos que han tenido que ver con delitos en flagrancia queden sin la autoridad judicial para poderlos conocer y resolver, determinando la situación jurídica de las personas», señaló.
León también indicó que la Procuraduría realizará un seguimiento al desarrollo del conflicto y manifestó la disposición de la institución para participar en espacios de diálogo que permitan encontrar una salida consensuada.
Las máximas autoridades judiciales reclamaron un incremento del presupuesto destinado al sistema de justicia y plantearan que la asignación alcance el 5% del Tesoro General del Estado. Frente a esa demanda, tanto el Gobierno como otras autoridades del Estado han insistido en privilegiar el diálogo para evitar una paralización del servicio judicial.
