El Comité Cívico cruceño exigió al Gobierno que además de Vicente Salazar, también se aprehenda al líder de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y al exmandatario Evo Morales por los daños económicos y muertes generadas por los más de 50 días de bloqueos entre mayo y junio de este año.
“Al igual que con Salazar, se debe proceder contra Morales y Argollo ya que el líder de la Túpac era el eslabón más débil de todo este movimiento conspirativo contra el Estado y la población”, el vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, en conferencia de prensa.
Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, fue aprehendido este sábado y se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de La Paz.
Zambrana aclaró que la aprehensión de Salazar no responde a una denuncia del Comité Cívico, pero señaló que se suma a los procesos que buscan “esclarecer y resarcir los daños” por los 53 días de bloqueos.
En ese contexto, el dirigente cívico pidió celeridad a las autoridades remarcando que la justicia debe actuar, no con preferencia, sino, con objetividad.
“Hay dos personas más que ahora debieran estar a disposición de la justicia. Se tiene que actuar de la misma manera con todos, se debe detener a todos no solo a unos si y a otros no”, insistió Zambrana.
Denuncia
El miércoles, representantes del Comité pro Santa Cruz llegaron hasta la Fiscalía Departamental para presentar una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente de los Túpac Katari, Vicente Salazar.
Los acusan de impulsar los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días, cuya demanda central era la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La denuncia fue interpuesta por el presidente cívico, Stello Cochamanidis junto a Agustín Zambrana y Dino Franco.
“Lo que ocurrió en el país desde el primero de mayo, hasta junio tienen que tener responsables. Las muertes de las personas que no pudieron ser atendidas tienen que tener responsables”, señaló Cochamanidis.
Asimismo, explicó que han presentado más de 100 pruebas para que las autoridades judiciales realicen las investigaciones correspondientes.
Son nueve delitos por los que los acusan entre estos están: alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
