El canciller Fernando Aramayo aseguró que la demora en la designación de embajadores respondió a la necesidad de reorganizar la Cancillería y corregir problemas administrativos heredados, entre ellos el pago de salarios adeudados al personal del servicio exterior.
La autoridad afirmó que el Gobierno busca imprimir un nuevo enfoque a la gestión pública, basado en el cumplimiento de la normativa y la responsabilidad institucional.
Fernando Aramayo
Durante una entrevista con la periodista Maggy Talavera, Aramayo sostuvo que la prioridad al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, en noviembre de 2025, fue atender las dificultades internas antes de proceder con los nombramientos diplomáticos.
«Son varios temas. Tú misma acabas de plantear un tema que es fundamental, el punto de inflexión que queremos darle a la gestión de Gobierno. Salir del ‘así nomás es’, ‘así siempre ha sido’, ‘antes era peor’, podríamos estar peor. ¿Cuándo vamos a tomarnos en serio la acción de responsabilidad que tenemos frente a las instituciones?», afirmó.
Embajadores
El canciller explicó que al inicio de su gestión encontró una deuda salarial que afectaba tanto al personal del servicio exterior como a funcionarios de la propia Cancillería, situación que, según dijo, era compleja de resolver porque el presupuesto ya estaba definido mediante la Ley Financial.
«No me parece justo ni responsable decir: ‘Sí, a la gente no se le pagaba y así nomás era. Ni modo, no se le paga’. No me parece responsable. Creo que quien asume el liderazgo de una institución tiene como primera tarea generar condiciones laborales y cumplir con la norma; eso es que tu salario te llegue», manifestó.
Gobierno transitorio
Aramayo también cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y señaló que el retiro de funcionarios públicos derivó en procesos judiciales que terminaron generando costos para el Estado.
«Hubo un proceso de transición, porque la desvinculación de algunos funcionarios no podía generarle un daño económico al Estado y, precisamente, en la gestión de la señora que mencionas (Karen Longaric) se generó un daño económico, con procesos que alejaron rápidamente a personas, que luego repercutieron contra el Estado con procesos, que luego tuvieron que pagar indemnizaciones que salen del presupuesto del Estado», sostuvo.
Asimismo, criticó el gasto destinado a la designación de personal del servicio exterior durante ese periodo, al considerar que se trató de una administración de carácter temporal.
Gestión
«En esa misma gestión de transición se gastaron Bs 45 millones en la designación de personas del servicio exterior para un periodo de transición que se sabía que iba a generar un nuevo gobierno, que iba a nombrar nuevos embajadores. ¿Eso es adecuado, es responsable?», cuestionó.
El canciller defendió que la actual administración optó por resolver primero las dificultades administrativas y financieras de la Cancillería antes de avanzar con la renovación de las representaciones diplomáticas, una decisión que, según afirmó, responde al objetivo de fortalecer la institucionalidad y garantizar una gestión más responsable de los recursos públicos.
