El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ampliamente conocido como «El Tigre», heredará un país profundamente afectado por la inseguridad. La estrategia de Paz Total del mandatario saliente, Gustavo Petro, deja un legado difícil. El diálogo con los grupos armados ha producido resultados limitados. Mientras tanto, Colombia ha visto cómo las organizaciones armadas y criminales consolidan su poder territorial, expanden sus capacidades violentas y se lucran del cultivo de coca, la minería ilegal y la extorsión.
De la Espriella capitalizó estos problemas en su campaña electoral, prometiendo una política de «mano de hierro». Esto significa el fin de las negociaciones con los grupos armados, mayor presión militar, fumigación y erradicación de cultivos de coca, extradición de criminales a Estados Unidos y la construcción de megacárceles.
En un país donde muchas comunidades viven bajo la autoridad de grupos armados en lugar del Estado, estas promesas tienen un evidente atractivo político. Pero ¿es este programa de mano dura adecuado para resolver los problemas que Colombia enfrenta actualmente? Una razón para el escepticismo es la dificultad de combatir a grupos violentos que están profundamente entrelazados con las comunidades locales.
La gobernanza rebelde relativamente centralizada que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ejercieron alguna vez en la Colombia rural ha sido reemplazada en gran medida por una gobernanza criminal fragmentada, dirigida por grupos armados profesionales e internacionalizados. Los mismos se han expandido significativamente desde el acuerdo de paz de 2016 y la desmovilización de las Farc.
Guerrilas
El Estado colombiano no llenó el vacío de poder resultante. Este fue ocupado, en cambio, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de extrema izquierda, el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC), las disidencias de las Farc y una constelación cambiante de pandillas locales. Todos estos compiten y coluden en torno a la producción y el tráfico de coca, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales.
Un problema central que surge de esto es que estos grupos criminales no están al margen de las comunidades locales en las que operan. Están entrelazados con ellas. Reclutan a jóvenes locales, cobran impuestos a los comercios, mueven mercancías por las carreteras que todos usan y, con frecuencia, ofrecen el único ingreso con el que muchos hogares pueden contar.
Cuando los actores armados y los civiles están así de imbricados, una política de mano de hierro no puede distinguir con fiabilidad a los combatientes de los civiles. Esto importa porque el enfoque supone que el Estado puede identificar a un enemigo, aplicar una fuerza abrumadora y restaurar el orden. Eso puede resultar un mensaje persuasivo en una campaña electoral. Pero es mucho más difícil en territorios donde los grupos armados no están claramente separados de la vida social y económica de las comunidades locales.
Esto no significa que el gobierno colombiano deba evitar el uso de la fuerza. El Estado tiene el deber de proteger a los civiles y confrontar a las organizaciones armadas que matan, extorsionan, reclutan niños y controlan territorio. Pero la pregunta es qué tipo de fuerza, contra quién y con qué estrategia política detrás.
El acuerdo de paz de 2016 en riesgo
Una política de seguridad centrada principalmente en la presión militar también corre el riesgo de debilitar el acuerdo de paz de 2016. Ese acuerdo nunca se trató únicamente de desmovilizar a las Farc. También reconoció que la violencia criminal en Colombia se sostiene sobre la desigualdad rural, la débil presencia estatal, la participación política restringida, la inseguridad en los derechos sobre la tierra y la dependencia de muchas comunidades de las economías ilícitas.
Uno de sus pilares centrales, el primer capítulo del acuerdo, es el programa de Reforma Rural Integral (RRI), que busca, entre otras cosas, redistribuir la tierra. Esta reforma es importante porque la desigualdad en la tenencia de la tierra ha sido durante mucho tiempo uno de los motores del conflicto en Colombia. Un acceso más equitativo a la tierra, junto con otros tipos de apoyo a los ciudadanos rurales desfavorecidos, puede reducir la dependencia de las comunidades rurales respecto de los grupos armados y las economías ilícitas.
Una estrategia que reemplace la reforma rural por la seguridad militar y el desarrollo liderado por el sector privado corre el riesgo de dejar fuera de la ecuación a los pequeños agricultores. Es un enfoque peligroso. Si los campesinos permanecen sin seguridad sobre la tierra, sin infraestructura y sin ingresos legales, los grupos armados seguirán ofreciendo formas coercitivas de protección y empleo ilícito. En tales condiciones, el Estado puede ganar batallas militares en el corto plazo, pero es poco probable que logre establecer una legitimidad o autoridad duraderas.
Alternativas
El mismo problema se aplica a la política antinarcóticos propuesta. La fumigación y la erradicación forzosa pueden destruir cultivos de coca. Pero no crean medios de vida legales alternativos. Sin alternativas viables, muchos agricultores resiembran coca o caen más profundamente bajo el control de los grupos armados. Una política que trata a los cultivadores de coca principalmente como criminales también corre el riesgo de alienar a comunidades cuya cooperación es esencial para cualquier estrategia de seguridad duradera.
Finalmente, De la Espriella ha amenazado con desmantelar el sistema de justicia transicional. Colombia cuenta con un conjunto de instituciones encargadas de garantizar a las víctimas del conflicto armado sus derechos a la justicia, la reparación, la verdad y la no repetición de la violencia. El acuerdo de paz y el marco de justicia transicional están protegidos por el Acto Legislativo 02 de 2017. Están tejidos dentro del sistema más amplio de verdad, justicia y reparación.
Aun cuando eliminarlos resulte difícil por su estatus constitucional protegido, el amplio respaldo en el Congreso colombiano y la presión internacional, existe la amenaza realista de un estrangulamiento lento mediante recortes presupuestarios, deslegitimación y cumplimiento selectivo de sus requerimientos. Eso dañaría la confianza en el Estado en un momento en que Colombia necesita mayor cooperación civil en los territorios afectados por el conflicto.
El peligro mayor es que el próximo gobierno de Colombia trate la paz y la seguridad como proyectos opuestos. No lo son. Las disposiciones del acuerdo de paz no son obstáculos para la seguridad. Debidamente implementadas, son parte del proceso de construcción estatal necesario para reducir el poder de los grupos armados.
