Ante el fracaso en el cierre de botaderos, cuyo plazo feneció el pasado 18 de mayo, el Gobierno nacional emitió una nueva norma de emergencia. El objetivo es frenar la contaminación descontrolada bajo planes de mitigación y plan de cierre técnico o adecuación.
De acuerdo con el reporte del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, otorgado a La Razón, solo 15 de los 343 municipios del país lograron el cierre técnico de sus botaderos y siete están en ese proceso y habilitación de rellenos sanitarios.
Es decir, que solo el 5% de los gobiernos municipales cumplió con la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, emitida en 2015. Esta norma establece que todos los botaderos a cielo abierto en Bolivia debían ingresar a un proceso de clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental y otorgaba como plazo cinco años.
El exdirector de Gestión Integral de Residuos del Viceministerio de Recursos Hídricos, Vladimir Gutiérrez, explicó que para ampliar el plazo para el cierre de botaderos era necesario realizar modificaciones a la Ley 755.
Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua emitió una norma que establece medidas para que los municipios ingresen a procesos de cierre de sus botaderos, siempre y cuando los sitios cumplan con las condiciones para su rehabilitación.
“Ya no hay plazos porque si lo hubiera tendría que haberse modificado la ley. Lo que se establece ahora son los pasos de adecuación a partir de la resolución”, explicó Gutiérrez a La Razón.
RESOLUCIÓN
La Resolución Ministerial 368/2026, fue emitida en mayo de 2026. Establece el marco regulatorio para la adecuación progresiva y condicionada. Esta norma permite a los municipios en Bolivia continuar usando botaderos de forma temporal, siempre y cuando presenten un cronograma de mitigación y plan de cierre técnico o rehabilitación a relleno sanitario.
El panorama de esta normativa nacional y sus implicaciones para los municipios incluye puntos clave para la adecuación.
Entre ellos, la extensión operativa que faculta a los gobiernos municipales a operar sitios de disposición final temporalmente bajo estrictos lineamientos técnicos de mitigación ambiental.
Asimismo, los gobiernos municipales tendrán que cumplir con requisitos técnicos obligatorios para acogerse a esta adecuación. En ese marzo, deben garantizar protocolos de monitoreo para aguas subterráneas, sistemas de recolección de lixiviados y manejo de gases como el metano.
La norma también incluye la clasificación de los residuos de riesgo. Según los datos del Viceministerio, los botaderos se dividen en riesgo bajo (20,6%, aptos para reconvertirse a rellenos sanitarios) y riesgo moderado a alto (66,8%, obligados al cierre definitivo).
La Resolución Ministerial obliga a los gobiernos municipales elaborar el plan de adecuación y cierre técnico de sus botaderos, estructurarlos y presentarlos ante las autoridades ambientales departamentales.
Asimismo, los municipios deben demostrar capacidad financiera para cubrir los costos de remediación, remediación de pasivos y mantenimiento poscierre.
También deben buscar proyectos conjuntos o mancomunados para implementar rellenos sanitarios y plantas de tratamiento.
FACTORES
Gutiérrez identificó cuatro factores que impidieron que los municipios cumplan con los plazos para el cierre de sus botaderos. El primero, las limitaciones presupuestarias y la falta de asignación de recursos económicos de parte de los gobiernos municipales.
El segundo, la falta de lugares adecuados para implementar infraestructuras de disposición final y tratamiento de residuos.
El tercer factor, los problemas de legitimidad de terrenos a favor de gobiernos municipales para garantizar la seguridad jurídica para la implementación del proyecto. También para la tramitación de la licencia ambiental.
Y, finalmente, uno de los mayores problemas son los conflictos sociales, que dificultan la implementación de proyectos de rellenos sanitarios o complejos de tratamiento. “Se aplica el efecto Not In My Back Yard” (No en mi patio trasero) que genera una fuerte resistencia de las poblaciones para su consecución”.
Sobre la industrialización de la basura, Gutiérrez considera que se debe analizar desde diferentes enfoques. “El primer principio que debe plantearse es que no puede haber industrialización sin un tratamiento adecuado de los residuos”.
Explicó que no todos los municipios pueden llegar a un nivel de industrialización porque depende a la escala y a la calidad de la generación de residuos.
“Normalmente los municipios que tienen ciertas características en cuanto al volumen de generación podrían pensar en infraestructuras con equipamiento, que tengan medidas orientadas a fomentar la recolección diferenciada de los residuos, de tal manera que las instalaciones, equipos y servicios, a través de los operadores, puedan garantizar el aprovechamiento de los residuos para su industrialización”, señaló.
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
Entonces, considera importante que los municipios sean “más agresivos” con los esquemas de recolección diferenciada y montar instalaciones de tratamiento; de tal manera que ayuden a reducir las presiones que se tienen actualmente en los botaderos.
Un estudio del que fue el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, develó que de 343 realizado en 112 municipios de los 9 departamentos del país solo el 12,2% cuenta con rellenos sanitarios para la disposición final de sus residuos, mientras que el 85% utiliza botaderos.
El relleno sanitario es una infraestructura que cumple con las condiciones técnicas, sanitarias y ambientales para la disposición final de residuos domiciliarios.
El botadero es un lugar de disposición final de residuos implementado de forma parcial medidas de mitigación ambiental para la disposición final de sus residuos. El sitio no cumple con los requisitos establecidos en las normas técnicas, ni disposiciones ambientales vigentes, creando o pudiendo crear riesgos sanitarios o ambientales.
Bolivia genera al menos 10.000 toneladas de basura al día, lo que equivale a un promedio aproximado de 1 kilogramo de desechos por persona diariamente. Más del 80% de estos residuos son producidos en áreas urbanas, y más del 80% termina en botaderos a cielo abierto sin el tratamiento técnico adecuado.
DATOS
Con base en la información registrada durante el periodo 2017-2022 se ha estimado los porcentajes de recolección por fuente de generación, por lo cual se calcula que, en promedio, el 84,2% proviene de domicilios. El 9,8% de mercados; el 3,8% de otras fuentes, como la industria y mataderos. El 1,6% de áreas públicas y el 0,6% de establecimientos de salud.
Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran el 76,0% del total generado a nivel nacional. Mientras que el resto de los departamentos, conformado por Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni, Oruro y Pando concentran el 24,0%.
En las ciudades capitales, incluido El Alto, la generación de residuos sólidos alcanza a 5.206 toneladas por día, que representa el 63% de residuos en todo el país. La ciudad con mayor concentración es Santa Cruz, con 1.900 t/día y la de menor generación es Cobija con 57,1 t/día.
