ENDE Corporación y sus empresas filiales expresaron su rechazo a los hechos relacionados con el presunto uso indebido de bienes del Estado y un posible atentado contra la seguridad de los servicios públicos, detectados el pasado 20 de junio en el municipio de Colomi.
A través de un comunicado oficial, la empresa estatal afirmó que no tolera ningún acto de corrupción y ratificó su compromiso con la transparencia, la ética y el uso responsable de los recursos públicos.
En ese marco, ENDE Transmisión S.A. se constituyó en parte querellante ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres N° 1 (EPI Sur), con el objetivo de que se investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos o particulares que pudieran estar involucrados en estos hechos.
«ENDE Corporación no tolera ni permite ningún hecho de corrupción bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, ENDE Transmisión S.A. se constituye en parte querellante ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres N° 1 (EPI Sur). Contra el o los servidores públicos y/o particulares que resulten responsables de estos hechos», se lee en la nota oficial.
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Uso indebido
La empresa señaló que busca que se apliquen las sanciones establecidas en la normativa vigente, particularmente en la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Destinada a la lucha contra la corrupción.
Asimismo, ENDE informó que las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la corporación y sus filiales realizarán una verificación de los procesos. Así como procedimientos internos como medida preventiva y de fortalecimiento institucional. La revisión estará enfocada principalmente en la administración de bienes y la contratación de servicios.
“La transparencia y el correcto uso de los bienes del Estado son principios no negociables en la gestión de ENDE Corporación”, señala el pronunciamiento.
La estatal aseguró que cualquier persona que resulte responsable será sancionada conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Independientemente del cargo o función que desempeñe.
