El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que una eventual legalización de vehículos indocumentados no forma parte de la agenda económica del Gobierno para la presente gestión.
Precisó que las prioridades legislativas del Ejecutivo están concentradas en la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), la Ley de Inversiones, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energías, además de otras iniciativas de carácter social.
«Esto no está en la agenda de 2026. Si la Asamblea decide avanzar en ese tema, perfecto, pero nosotros hemos planteado las condiciones mínimamente necesarias para que una medida de esa naturaleza sea viable», concluyó.
Asimismo, dijo que solo sería viable si incorpora mecanismos que eviten nuevas regularizaciones masivas y garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La autoridad explicó que, desde la perspectiva del Gobierno, cualquier proceso de nacionalización debe impedir que se convierta en un negocio para particulares, por lo que planteó establecer límites a la cantidad de vehículos que cada persona pueda regularizar.
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«Desde nuestra perspectiva, la idea es evitar que esto sea un negocio. Lo primero es establecer límites para la nacionalización, que una persona no pueda nacionalizar cinco o diez autos y que se paguen las multas y los tributos omitidos», señaló.
Espinoza añadió que otra condición indispensable es que, una vez concluido el periodo extraordinario de regularización, todo vehículo que permanezca sin documentación legal sea confiscado de manera automática.
Según explicó, esos motorizados podrían destinarse al uso de instituciones públicas o, en caso de corresponder, destruirse para evitar que circulen de manera irregular.
«Después del periodo de nacionalización, cualquier vehículo indocumentado tendría que automáticamente confiscarse y remitirlo a una entidad pública, ya sea para su destrucción o para el uso público», sostuvo.
Datos
El ministro argumentó que la existencia de vehículos «chutos» constituye un problema estructural que el Estado no puede ignorar.
«No podemos gobernar sin mirar los problemas o atendiendo solamente aquellos que políticamente nos gusta atender. Hay problemas en todo el país y nos toca atenderlos hasta donde den nuestras capacidades», afirmó.
Las declaraciones del ministro surgen en medio del debate sobre una posible regularización de vehículos indocumentados, una medida que en anteriores oportunidades generó posiciones divididas entre sectores productivos, importadores legales y propietarios de motorizados sin registro, debido a sus implicaciones tributarias, comerciales y de control aduanero.
