Según la Agencia de Noticias Ambientales, el Tribunal Agroambiental rechazó la solicitud de suspensión temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, en el bloque San Telmo Norte.
No obstante, ordenó a Petrobras Bolivia presentar, socializar y difundir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) en un plazo máximo de 30 días calendario, bajo los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La decisión permite la continuidad de una de las iniciativas de exploración hidrocarburífera más relevantes del sur del país.
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Proyecto
La medida se adoptó mediante el Auto Interlocutorio Definitivo 53/2026, emitido dentro de la acción precautoria promovida por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien solicitó la suspensión de los actos de ejecución material del proyecto mientras se evaluaban presuntas irregularidades en el proceso ambiental.
El fallo dispone que Petrobras realice la socialización del EEIA respetando los principios de acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. Sin embargo, el Tribunal rechazó paralizar el proyecto y también desestimó otras solicitudes de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la presentación de informes sobre la emisión de la licencia ambiental, el cumplimiento de la consulta pública y la justificación de la categorización ambiental asignada al proyecto.
Asimismo, la resolución establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá presentar un informe sobre las implicaciones de que aún no esté consolidado el derecho propietario en el área donde se desarrollará la perforación, considerando la información remitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Consulta pública
El Tribunal también rechazó el pedido de realizar una nueva consulta pública con las comunidades del cantón Chiquiacá, al considerar improcedente la medida cautelar planteada contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, otras entidades del Estado, YPFB y Petrobras.
En cambio, exhortó a Petrobras y al Estado a evitar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y recomendó privilegiar mecanismos de diálogo y concertación con las comunidades involucradas, en línea con los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental.
Además, instó a las autoridades judiciales y al Ministerio Público a considerar dichos estándares para evitar que procesos penales sean utilizados como mecanismos de intimidación contra defensores ambientales.
Impacto
Desde una perspectiva económica, la decisión judicial elimina el principal riesgo inmediato de paralización del proyecto exploratorio, otorgando mayor certidumbre a la continuidad de las inversiones comprometidas en el bloque San Telmo Norte. Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones de socialización ambiental se convierte en un requisito clave para el desarrollo del proyecto y para reducir los riesgos de futuros conflictos sociales o judiciales.
La resolución busca equilibrar la continuidad de una inversión considerada estratégica para la exploración de nuevos recursos hidrocarburíferos con el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y participación ciudadana.
Observaciones
El especialista en derechos humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Miguel Miranda, valoró parcialmente la resolución, aunque cuestionó que el fallo no establezca qué institución verificará el cumplimiento efectivo de los estándares del Acuerdo de Escazú durante la socialización del estudio ambiental.
Según el analista, la decisión tampoco aborda otras denuncias formuladas por comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, relacionadas con presuntos actos de hostigamiento, estigmatización y presiones contra quienes se opusieron al proyecto.
Miranda advirtió que el plazo de 30 días fijado por la justicia sería insuficiente para desarrollar un proceso de participación ciudadana que cumpla plenamente con los estándares internacionales, por lo que considera que la resolución podría facilitar la continuidad del proyecto sin resolver de fondo las observaciones planteadas por las comunidades.
