El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, denunció que la persona a la que atribuye la paralización parcial de las elecciones judiciales de 2024 intenta nuevamente afectar la institucionalidad del Estado, esta vez mediante acciones dirigidas contra el Órgano Judicial en el departamento del Beni.
A través de sus redes sociales, advirtió que este tipo de hechos pone en riesgo la seguridad jurídica y el funcionamiento de la democracia.
Ávila afirmó que el responsable de la suspensión del proceso electoral del año pasado vuelve a protagonizar actuaciones que, a su juicio, comprometen la estabilidad institucional.
“En las últimas horas, la misma persona que en 2024 perjudicó la normal realización de las Elecciones Judiciales pretende vulnerar la institucionalidad del Órgano Judicial en el departamento del Beni”, escribió.
El funcionario recordó que la suspensión de las elecciones judiciales tuvo su origen en una resolución emitida por una Sala Constitucional de Beni, decisión que, según indicó, ocasionó graves consecuencias para el país.
En ese sentido, señaló que millones de bolivianos no pudieron ejercer plenamente su derecho al voto y que el Estado asumió pérdidas superiores a Bs 70 millones, además de enfrentar dificultades en la planificación y ejecución de un proceso electoral de alcance nacional.
El presidente del TSE afirmó que el respeto a la institucionalidad y a la seguridad jurídica constituye un principio esencial del Estado de derecho y advirtió que cualquier intento de debilitar a las instituciones debe recibir una respuesta firme.
“En un Estado de derecho, el respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica constituyen principios irrenunciables. Es responsabilidad de todas las autoridades y de la ciudadanía denunciar y rechazar cualquier acción que pretenda debilitar las instituciones o poner en riesgo el normal funcionamiento de la democracia”, manifestó.
Aunque el pronunciamiento no identifica de forma expresa a la persona a la que hace referencia, el mensaje alerta una nueva advertencia del Órgano Electoral sobre decisiones o actuaciones que pueden afectar la estabilidad institucional y el desarrollo de los procesos democráticos en el país.
