El analista político Carlos Saavedra afirmó que uno de los principales desafíos para Bolivia en los próximos años será diferenciar las movilizaciones legítimamente reivindicativas de aquellas que podrían responder a intereses vinculados a actividades ilícitas.
En entrevista con La Razón sobre la evolución de la protesta social en el país, Saavedra planteó que el escenario político boliviano ya no puede entenderse únicamente a partir de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales, sino que incorpora un tercer actor al que denominó «Estado subterráneo».
Estado subterráneo
“Hoy ha evolucionado y hay un tercer elemento que es fundamental que yo lo denomino el Estado subterráneo”, afirmó.
Según explicó, este fenómeno estaría conformado por redes asociadas al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y otras actividades económicas ilícitas que, en determinados contextos, buscan influir en la dinámica política nacional.
Para el analista, la realidad boliviana estuvo históricamente marcada por lo que el sociólogo René Zavaleta Mercado definió como un “poder dual”, caracterizado por la coexistencia del Estado formal y de organizaciones sociales con capacidad de presión e incidencia política.
Protestas
Sin embargo, Saavedra considera que en los últimos años esa ecuación se ha vuelto más compleja.
“Este Estado subterráneo hoy en Bolivia está intentando cooptar al poder dual o a las organizaciones como poder dual”, sostuvo. el analista.
A su juicio, algunos de estos grupos buscan influir en movilizaciones y conflictos sociales para proteger intereses económicos o evitar modificaciones en los esquemas de poder que les permiten operar.
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