La propuesta de reforma judicial que analiza la Asamblea Legislativa plantea garantizar por mandato constitucional un presupuesto mínimo equivalente al 3% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el Órgano Judicial, con el objetivo de fortalecer su independencia y evitar que cada año deba negociar los recursos para su funcionamiento.
La secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Kathia Saucedo, explicó que el porcentaje fue definido tomando como referencia el promedio de la región. Señaló que Paraguay destina alrededor del 2% de su presupuesto al sistema judicial, mientras que Costa Rica alcanza el 6%, uno de los modelos más reconocidos en América Latina.
Órgano Judicial
“Optamos por un mínimo de 3%”, afirmó Saucedo, quien sostuvo que ese nivel permitiría garantizar condiciones básicas para el funcionamiento de la administración de justicia.
En entrevista con El Deber, indicó que el principal objetivo de la propuesta es preservar la independencia judicial, evitando que el presupuesto sea objeto de negociaciones políticas cada gestión.
- “Negociar un presupuesto significa sentarse a negociar, y cuando uno negocia, cede. ¿Y qué tiene el órgano judicial para ceder? Solamente su sentencia. Entonces, el hecho de negociar, el hecho de poner en una situación al órgano judicial de cesión implica afectar su independencia judicial”, sostuvo.
Presupuesto
Añadió que la intención es retirar al sistema judicial de ese escenario y convertir la asignación presupuestaria en una obligación constitucional para el Estado.
Sin embargo, Saucedo también planteó la necesidad de esclarecer versiones sobre una presunta subejecución de recursos dentro del propio Órgano Judicial. Recordó que esa observación fue formulada anteriormente por autoridades del Ejecutivo y volvió a surgir durante las recientes discusiones sobre el incremento presupuestario.
“Se me dijo que había un poco más de 150 millones de bolivianos que el órgano judicial no ejecutaba. Entonces, me parece que eso el Consejo de la Magistratura tiene que explicarlo”, señaló.
Debate
La secretaria técnica aclaró que no cuenta con elementos para confirmar esa información, pero consideró necesario que el Consejo de la Magistratura transparente la ejecución de su presupuesto.
“No es muy coherente reclamar un aumento presupuestario cuando aparentemente habría, y yo no sé si es verdad o no, no tengo pruebas, si es que habría un monto no ejecutado por semejante cantidad. Entonces, el Consejo de la Magistratura debería transparentar su estado presupuestario y explicar si efectivamente hay o no un monto como este sin ejecutar”, afirmó.
