El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó este sábado su rechazo a una eventual legalización de vehículos indocumentados y advirtió que una medida de esa naturaleza enviaría una señal equivocada a la ciudadanía.
No obstante, aclaró que el Gobierno aún no analizó ni debatió oficialmente esa posibilidad.
«No estoy de acuerdo con legalizar lo ilegal, porque eso genera una expectativa negativa y un riesgo moral muy fuerte hacia el futuro, porque afecta a todos los que han trabajado legalmente y esperan otra conducta por parte de sus dirigentes», afirmó la autoridad en entrevista con Erbol.
Lupo precisó que su postura corresponde a una opinión personal y remarcó que el Ejecutivo no abordó el tema en ninguna de sus instancias de decisión.
Autos chutos
El debate sobre una nueva nacionalización de vehículos indocumentados resurgió después de que el diputado de Libre, Reinaldo Seas, presentara un proyecto de ley para regularizar estos motorizados. La iniciativa también fue rechazada por el líder de esa alianza política, Jorge Tuto Quiroga, quien sostuvo que no respaldará una norma que legalice bienes ingresados al país de forma irregular.
Pese a su posición, el ministro reconoció que la circulación de vehículos «chutos» constituye un problema que, por su magnitud, deberá ser evaluado con responsabilidad.
En ese sentido, señaló que cualquier eventual decisión tendría que considerar diversos factores, entre ellos el impacto sobre la demanda de combustibles subvencionados, la situación de los vehículos que circulan sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la existencia de motorizados robados o vinculados a actividades ilícitas.
José Luis Lupo
Asimismo, recordó que anteriores procesos de regularización generaron la expectativa de nuevas amnistías, lo que incentivó el ingreso ilegal de vehículos al país.
Por ello, sostuvo que cualquier alternativa deberá contemplar mecanismos que impidan que el problema vuelva a repetirse.
«Cualquier solución tiene que evitar que dentro de unos años volvamos a discutir exactamente lo mismo», señaló la autoridad, al insistir en que una eventual política pública deberá equilibrar la realidad existente con el respeto a la legalidad y la seguridad jurídica.
