El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó este martes a la ciudadanía a preservar la independencia y la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo frente a declaraciones y acciones que, según afirmó, buscan deslegitimar el trabajo que desempeña la institución en la defensa de los derechos humanos.
En una conferencia de prensa, la autoridad sostuvo que la labor de la Defensoría debe mantenerse al margen de intereses políticos y coyunturales.
Defensoría del Pueblo
«Convocamos a la ciudadanía a preservar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo por encima de cualquier interés coyuntural o político. La fortaleza de una Institución Nacional de Derechos Humanos constituye una garantía para la protección de los derechos de todas las bolivianas y todos los bolivianos», afirmó.
Callisaya recordó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Defensoría tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos humanos, además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones estatales, pero aclaró que no tiene competencias para ejecutar políticas públicas ni prestar servicios.
«No se le puede exigir a la Defensoría del Pueblo la provisión de alimentos, porque esa es una competencia de otras instituciones del Estado. Tampoco se le puede exigir el desbloqueo de vías, porque esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes», explicó.
Pedro Callisaya
Añadió que, durante los conflictos sociales registrados en el país, la institución cumplió el rol que le asigna la ley.
«Lo que sí corresponde a la Defensoría del Pueblo, y es lo que hemos hecho durante el reciente periodo de conflictividad, es exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de la población», puntualizó.
La autoridad informó que, durante las movilizaciones, la Defensoría desplegó operativos de verificación, monitoreo, acompañamiento humanitario y promoción del diálogo. Asimismo, impulsó espacios de acercamiento junto con la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil.
Presupuesto
Callisaya también rechazó las versiones que atribuyen a la institución un presupuesto de Bs 500 millones y precisó que el monto anual asignado asciende a Bs 36 millones.
Explicó que, en febrero de este año, el Ministerio de Economía notificó una reducción del 30% de la masa salarial y del 10% de los gastos operativos, situación que obligó a la Defensoría a ajustar su estructura.
Como resultado, indicó que en mayo se eliminaron 44 ítems, se cerró la oficina regional de Bermejo y actualmente se encuentra en proceso el cierre de otras cuatro oficinas defensoriales.
Mandato
«La reducción presupuestaria afecta la capacidad operativa de la institución para mantener su presencia territorial, fortalecer las acciones de prevención, realizar verificaciones defensoriales y brindar atención a la población, especialmente a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, continuaremos cumpliendo nuestro mandato constitucional con responsabilidad y compromiso», sostuvo.
Finalmente, Callisaya recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con la acreditación internacional de estatus «A», otorgada en el marco de los Principios de París de las Naciones Unidas, reconocimiento que certifica su independencia y autonomía.
«La Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo su mandato constitucional con independencia, imparcialidad y pleno compromiso con la defensa de los derechos humanos. Nuestra única agenda es la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción alguna», concluyó.
