La Fiscalía de La Paz confirmó que el expresidente Evo Morales no figura entre los investigados en el proceso penal abierto por los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
La causa, iniciada por denuncia del Ministerio de Gobierno, se concentra en los hechos ocurridos en el departamento de La Paz y ya derivó en la detención preventiva de dos dirigentes sociales.
El caso fue registrado con el código CUD 201102012603341 y, según el fiscal Wálter Lora, comprende la investigación de seis personas por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra bienes públicos.
La información fue publicada por el diario cruño El Deber.
Bloqueos
La autoridad aclaró que Morales no fue incluido como sindicado en la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, por lo que tampoco existe una orden de aprehensión en su contra dentro de este proceso.
En paralelo, el abogado del exmandatario, Wilfredo Chávez, informó que su defendido no recibió ninguna notificación judicial relacionada con las investigaciones por los bloqueos.
La confirmación se conoce mientras autoridades del Ejecutivo, legisladores y representantes cívicos presentaron denuncias en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba contra Morales, a quien acusan de promover y financiar las movilizaciones. Sin embargo, hasta el momento no se conoce una investigación formal en su contra por esos hechos.
Denuncia
Pese a ello, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reiteró que el Ejecutivo buscará que todos los responsables comparezcan ante la justicia. La autoridad volvió a atribuir al exmandatario la conducción política de las protestas y aseguró que el Gobierno continuará impulsando las investigaciones.
El fiscal Lora explicó que la causa bajo su responsabilidad no abarca los bloqueos registrados en todo el país, sino únicamente los hechos ocurridos en el departamento de La Paz, donde las medidas de presión tuvieron mayor intensidad y fueron encabezadas, principalmente, por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
Entre los principales investigados figura el ejecutivo de esa organización, Vicente Salazar, quien cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
Evo Morales
También fueron incluidos en la investigación el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Justino Apaza; el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el senador suplente Nilton Condori y otros dos dirigentes, cuyas identidades permanecen en reserva para no afectar las diligencias de captura.
Lora precisó que, aunque uno de los delitos investigados es terrorismo, el Ministerio Público aún no desarrolla una línea específica sobre un eventual financiamiento de las movilizaciones.
Entre los principales indicios presentados por la Fiscalía figuran declaraciones públicas de los dirigentes, registros audiovisuales y un acuerdo suscrito por Argollo, Condori y Salazar para mantener los bloqueos y rechazar cualquier diálogo con el Gobierno hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Investigación
Asimismo, durante la audiencia cautelar de Salazar, la comisión de fiscales presentó una relación de 14 personas fallecidas en el departamento de La Paz como consecuencia de las movilizaciones, entre ellas pacientes que no pudieron ser trasladados oportunamente a centros médicos.
La investigación también incorpora videos que muestran el asedio a unidades militares, la presencia de grupos armados en algunos puntos de bloqueo y amenazas contra efectivos policiales que intentaban desbloquear las carreteras.
Los bloqueos comenzaron después de que el propio Gobierno reconociera que no logró atender varias demandas ciudadanas relacionadas con el incremento del costo de vida, la eliminación de la subvención a los combustibles y el aumento de los precios de productos básicos y del transporte.
Conflicto
La tensión aumentó en enero, tras las denuncias sobre la calidad de la gasolina distribuida por YPFB, y volvió a escalar en abril con la marcha de pueblos indígenas de Pando contra la Ley 1720.
Aunque el Gobierno decidió abrogar esa norma, las protestas continuaron. Desde mayo, dirigentes cocaleros del Chapare, representantes de la Túpac Katari, el senador Nilton Condori y el dirigente de la COB, Mario Argollo, radicalizaron las movilizaciones y exigieron acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz y convocar a elecciones generales en un plazo de tres meses.
