La violencia que paralizó a las ciudades de La Paz y El Alto derivó en consecuencias legales. La empresa estatal Mi Teleférico ha formalizado denuncias penales tras los ataques vandálicos en estaciones como la Línea Celeste de El Prado, la Línea Naranja, de la Armentia y Azul de Río Seco.
En esos puntos, grupos de manifestantes no solo destruyeron bienes del Estado, sino que propinaron brutales golpizas a uniformados y trabajadores.
La Empresa Estatal, el 25 y 26 de mayo, formalizó la denuncia ante el Ministerio Público. Los delitos que pesan contra los vándalos son por destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
Las denuncias presentadas se encuentran actualmente en etapa de investigación bajo la dirección del Ministerio Público. También participan efectivos policiales del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción. Personal de ambas instancias desarrollan las actuaciones necesarias para identificar a los presuntos responsables de estos hechos.
PROCESOS
Según una nota institucional, el proceso penal que instauró la empresa se lleva adelante de acuerdo con el informe técnico emitido por la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento. En el documento se detalla los daños en la infraestructura de las estaciones y en cabinas que se encontraban en operación.
Asimismo, el informe establece que, durante estos hechos, personal de Mi Teleférico fue víctima de agresiones físicas. Esa situación obligó a activar protocolos de seguridad para evacuar y resguardar a los usuarios del sistema y a los trabajadores.
En la Estación Prado también se registró la agresión a tres efectivos policiales. Uno quedó en estado de gravedad por lo que lo trasladaron al vecino país de la Argentina para recibir tratamiento médico.
Sobre este hecho, la empresa estatal brinda toda la colaboración a la Policía para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.
El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo, afirmó que la empresa asumió y asumirá todas las acciones legales necesarias para resguardar el patrimonio público y garantizar la seguridad del sistema de transporte por cable.
“Mi Teleférico es un patrimonio de todos los bolivianos. Tenemos la obligación de proteger su infraestructura, a nuestros trabajadores y a los usuarios. Por ello, estamos coadyuvando y colaborando plenamente con las autoridades competentes. Queremos que estos hechos se esclarezcan y los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley”, manifestó la autoridad.
Lea también: Mi Teleférico paraliza Línea Azul tras atentado de manifestantes
Mi Teleférico coordina con las autoridades competentes para contribuir al desarrollo de las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad destinadas a proteger a los usuarios, al personal y a la infraestructura del sistema.
