El asesor jurídico de la Gobernación de Cochabamba, Nelson Cox, aseguró este miércoles que no corresponde iniciar procesos penales contra dirigentes relacionados a las movilizaciones de las últimas semanas, y aseguró que la legislación boliviana no contempla el delito de bloqueo.
En conferencia de prensa, aseguró que no existen elementos que acrediten la participación del gobernador Leonardo Loza en esas medidas de presión.
Cox afirmó que los hechos registrados durante los cerca de 50 días de conflicto no demuestran la participación del gobernador en la organización o ejecución de los bloqueos. De ese modo, rechazó las solicitudes de actores políticos que exigen investigaciones y procesos penales contra distintas autoridades y dirigentes.
«En Bolivia no hay el tipo penal de bloqueo, no hay el delito de bloqueo», explicó.
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A su vez, el asesor jurídico argumentó que el Ministerio Público no puede sustituir esa figura con otros delitos para sustentar una acusación.
Según explicó, tipos penales como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa o atentados contra los servicios de transporte no pueden utilizarse para reemplazar un supuesto delito de bloqueo. En su criterio, una interpretación de esa naturaleza carecería de sustento legal.
“Mal puede, en este momento, el Ministerio Público por una presión del gobierno, hacer en este momento un reemplazo de los tipos penales y efectuar un procesamiento por instigación pública delinquir, asociación delictuosa, tentativa contra los servicios, transportes”, dijo.
Cox también aseguró que ni el expresidente Evo Morales ni el gobernador de Cochabamba participaron de forma directa en los bloqueos, por lo que consideró que no existen fundamentos para abrir procesos en su contra.
Asimismo, cuestionó la actuación del Gobierno y afirmó que busca impulsar una persecución penal mediante el Ministerio Público. «Lo que ahora quiere hacer el Gobierno es utilizar el estado de excepción para instrumentalizar al Ministerio Público con el objeto de hacer una persecución penal.
Cox atribuyó el conflicto social al manejo del Ejecutivo y descartó que las movilizaciones hayan respondido a una planificación desde la Gobernación de Cochabamba. Indicó que la conflictividad es consecuencia de las decisiones asumidas por el Gobierno y no de una estrategia impulsada por la administración departamental.
