El abogado Abel Loma, denunciante del exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, denunció este viernes que una serie de recursos judiciales impide el retorno del exdirigente al penal de Chonchocoro, de La Paz, donde debe cumplir detención preventiva por un caso de presunto enriquecimiento ilícito.
El jurista explicó que la defensa de Huarachi recurrió a distintas acciones legales con el propósito de retrasar la ejecución de la orden judicial que revocó el beneficio de detención domiciliaria.
«Primero ha sido beneficiado con una detención domiciliaria y, cuando se ha revocado esta decisión, él ha planteado una acción de libertad en Oruro. Luego presentó un conflicto de competencias con el único fin de dilatar y no volver a cumplir su detención», afirmó.
El abogado explicó que el conflicto de competencias se encuentra en análisis de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, situación que mantiene paralizado el cumplimiento de la resolución judicial.
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Hace un par de días, el director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, informó que Huarachi debe retornar a Chonchocoro luego de que la Justicia revocó, hace casi dos meses, la detención domiciliaria que cumplía. Sin embargo, la defensa trasladó el caso al departamento de Oruro mediante un nuevo recurso.
Loma pidió a las autoridades judiciales otorgar prioridad al proceso y recordó que la investigación se relaciona con el denominado caso de las «coimas millonarias», en el que Huarachi es investigado por presuntamente haber recibido 40.000 bolivianos en cuentas personales provenientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
«La defensa del señor Huarachi ha presentado ese planteamiento solo para no volver a Chonchocoro. Nosotros pedimos que se dé prioridad a este caso porque se trata de un hecho de enriquecimiento ilícito que debe ser investigado, resuelto y sancionado en juicio oral», dijo.
El denunciante también cuestionó la demora en la resolución del proceso y afirmó que el exdirigente continuará con detención domiciliaria mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el conflicto de competencias.
