Los comunarios denuncian que en el lugar operan inversores de origen chino en complicidad de algunos dirigentes, quienes facilitan la extracción de minerales y la contaminación del afluente.
Roger Ortiz, presidente de la junta vecinal de la urbanización Los Tajibos, lideró la vigilia que se realiza ya hace varias semanas y acusó a dos dirigentes como los principales facilitadores de los operadores extranjeros, junto con la comunidad de Río Seco, que facilitan el trabajo de estas compañías en este lugar.
“Estas actividades no solo extraen recursos que pertenecen al Estado y al municipio, sino que están generando un grave deterioro en las riberas del Boopi, afectando a las familias que habitan aguas abajo”, aseguró el dirigente.
La vigilia, que se extiende por más de 30 días, busca impedir que la maquinaria continúe operando en este lugar. «Hoy por hoy estamos siendo avasallados, atacados y amedrentados por estos extranjeros», expresó Ortiz y los responsabilizó a por la creciente contaminación y el clima de temor que se vive entre los residentes de la zona, según el informe de FMBolivia.
El dirigente vecinal hizo un llamado a la unidad de todas las organizaciones sociales del municipio, incluyendo juntas vecinales, centrales y comunidades, para expulsar a los operadores ilegales. Advirtió que la contaminación no se limita al Boopi, sino que también alcanza al río Totora, donde existirían otros puntos de extracción irregular, y exigió que las autoridades departamentales asuman el control de la situación antes de que los daños sean irreversibles.
Los vecinos movilizados esperan la visita del gobernador Luis Revilla, quien tiene previsto llegar a la región el viernes 10 de julio. Ortiz solicitó que su agenda incluya una inspección a este lugar.
Los vecinos reiteraron su posición de mantenerse en vigilia indefinida hasta obtener una respuesta oficial y garantías concretas de que las actividades extractivas serán suspendidas de manera definitiva.
La situación refleja la creciente tensión entre las comunidades locales y los intereses mineros foráneos en el norte de La Paz, una región rica en recursos minerales, pero con ecosistemas frágiles que, según los denunciantes, están siendo sacrificados en beneficio de unos pocos.
