La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) instó a preservar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos en medio del proceso de adecuación que atraviesa el sector inmobiliario tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen de Tipo de Cambio Oficial (TCO), implementado desde el 29 de junio de 2026.
A través de un comunicado, la entidad empresarial señaló que el cambio en el régimen cambiario genera un escenario de adaptación para el mercado inmobiliario y advirtió que el respeto a las reglas contractuales será determinante para mantener la confianza de inversionistas, desarrolladores y compradores.
Cainco recordó que el ordenamiento jurídico boliviano establece que los contratos válidamente suscritos tienen fuerza de ley entre las partes y deben ejecutarse bajo los principios de buena fe y de la finalidad económica que motivó su celebración.
Según la institución, estos principios son fundamentales para otorgar estabilidad y previsibilidad a las relaciones comerciales, especialmente en un contexto de cambios económicos.
Vea: Anapo coordina con proveedores sobre el impacto del tipo de cambio
Cainco
«La seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales para la inversión privada, el desarrollo económico y la confianza de los ciudadanos», señala el pronunciamiento.
La cámara empresarial sostuvo que preservar la seguridad jurídica no solo protege las inversiones ya realizadas, sino que también fortalece las condiciones necesarias para atraer nuevos capitales y consolidar un entorno de negocios con reglas claras.
Asimismo, enfatizó que el proceso de ajuste derivado del nuevo régimen cambiario no afecta únicamente al sector inmobiliario, sino que involucra al conjunto de la economía boliviana, incluyendo a la industria, el comercio y los servicios.
En ese contexto, Cainco instó a que la adaptación al nuevo escenario económico se desarrolle con responsabilidad, prudencia y mediante el diálogo entre los distintos actores, con el propósito de evitar conflictos que puedan afectar la confianza y la actividad económica.
La entidad concluyó que el respeto a la seguridad jurídica será un elemento clave para garantizar la estabilidad del mercado y favorecer la recuperación de la inversión privada en el país.
