La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) presentó una queja por incumplimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al cuestionar el Auto Supremo (fallo) emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 26 de junio.
La empresa sostiene que la nueva resolución no habría cumplido con las disposiciones establecidas previamente por la jurisdicción constitucional y que mantiene las vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa que, según Soboce, ya habían sido observadas en una resolución constitucional anterior.
A través de un comunicado, la cementera afirmó que el fallo del TSJ mantiene una condena económica que asciende a Bs 744,3 millones, monto que considera carece de suficiente sustento jurídico y que pone en riesgo la estabilidad financiera, operativa y patrimonial de la compañía.
Uno de los principales cuestionamientos de Soboce está relacionado con la indemnización de Bs 479,2 millones por el concepto denominado “proyecto de vida”. La empresa señaló que el propio TSJ reconoció que esta figura no corresponde aplicarla a personas jurídicas, pero que posteriormente mantuvo el monto bajo la justificación de una “denominación técnicamente impropia”.
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Fallo
Asimismo, la compañía observó la actualización del monto resarcitorio global, al argumentar que el incremento por el paso del tiempo tenía que analizarse en una etapa posterior y no dentro de la resolución judicial.
Soboce también denunció presuntas irregularidades procesales, entre ellas la falta de tratamiento de un recurso de reposición que presentó la empresa, la resolución directa de una excepción de prescripción y la incorporación de argumentos constitucionales que, según su versión, no se debatieron durante el proceso.
Ante el impacto económico del fallo, la empresa solicitó al Tribunal de Garantías la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo, así como de cualquier medida coactiva o embargo, mientras se resuelven las acciones constitucionales pendientes.
Dato
La cementera advirtió que una ejecución inmediata de la sentencia podría afectar sus operaciones y comprometer fuentes de empleo directas e indirectas vinculadas a proveedores y contratistas.
En su comunicado, Soboce afirmó además que el proceso iniciado por Fancesa por supuesta competencia desleal busca, a su criterio, evitar el pago de una indemnización pendiente relacionada con la expropiación de sus acciones, deuda que —según la empresa— el Estado boliviano mantiene desde hace más de 16 años.
Finalmente, Soboce informó que respalda la revisión imparcial del caso por parte de instancias como el Consejo de la Magistratura y convocó a instituciones académicas y jurídicas a analizar el proceso, al considerar que existen aspectos que tendrían que evaluarse desde la perspectiva del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
