El tratamiento del Proyecto de Ley N.º 425, que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, avanza en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza y otras autoridades expusieron los principales alcances de la propuesta a los legisladores.
Durante la sesión, Espinoza presentó la sustentación técnica del proyecto de ley, acompañado por el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Osvaldo Coronado Quintanilla.
«El Gobierno redujo cerca de un 30% el gasto corriente, pero en contra posición hemos incrementado entre el 40 y 50% de presupuesto respecto a lo que ya teníamos proyectado para el resto de los poderes del Estado, por ello el reclamo sobre el presupuesto habrá que revisarlo», aseveró Espinoza.
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Presupuesto
De acuerdo con la cartera de Estado, las modificaciones planteadas al PGE Reformulado 2026 buscan optimizar la asignación de los recursos públicos para adecuar el presupuesto a las necesidades de la gestión y contribuir al mantenimiento de la estabilidad económica.
En la exposición técnica, las autoridades explicaron los fundamentos que respaldan los ajustes presupuestarios, los cuales están orientados a mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la ejecución de sus políticas y programas.
El Ministerio de Economía destacó que el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 425 constituye un paso dentro del proceso legislativo necesario para la aprobación de las modificaciones al presupuesto reformulado, instrumento que permitirá adecuar la programación financiera del Estado a las condiciones económicas de la presente gestión.
La propuesta continuará su análisis en la Asamblea Legislativa, donde deberá cumplir las etapas de consideración y aprobación previstas por la normativa vigente.
Entretanto, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, cuestionó severamente las modificaciones contempladas en el proyecto reformulado del Presupuesto General del Estado, exigiendo explicaciones inmediatas al Ministro de Economía. Rivero observó con preocupación la disposición final que autoriza la contratación de 3.500 millones adicionales de libre disponibilidad para apoyo presupuestario en bonos.
