La Gobernación de Cochabamba alertó sobre un incremento inevitable en las tarifas del servicio de agua potable. Atribuyó la situación al nuevo esquema económico implementado por el Gobierno nacional.
El vocero institucional, Sergio de la Zerda, sostuvo que el reciente cambio en la política cambiaria y el incremento de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) podrían derivar en un aumento de las facturas del servicio de agua potable en Cochabamba y el resto del país. Explicó que varias empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado tienen sus estructuras tarifarias indexadas a este indicador.
«La Gobernación expresa su profunda preocupación por la economía de las familias cochabambinas y bolivianas. Luego del incremento anunciado en las tarifas de energía eléctrica, ahora advertimos sobre una inminente alza en el costo del agua potable. Esto representará una nueva carga económica para la población», manifestó el vocero.
VALOR DE LA UFV
Explicó que tanto Misicuni como Semapa comercializan el agua considerando el valor de la UFV. Esa situación, dijo, que, según las estimaciones técnicas de la Gobernación, podría traducirse en un incremento inicial de al menos 15% en las facturas del próximo mes.
Asimismo, señaló que el aumento del precio del dólar también encarece la importación de insumos y equipos utilizados para la potabilización del agua. También podría generar incrementos aún mayores en las tarifas.
Ante este escenario, la Gobernación anunció el envío de una solicitud formal a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para que informe qué EPSA del departamento aplica estructuras tarifarias vinculadas a la UFV y cuál será el impacto real para los usuarios.
Por su parte, el asesor general Santos Mamani recordó que el reciente Decreto Supremo 5647, que autoriza un incremento del 5% en las tarifas de energía eléctrica, representa una nueva presión sobre la economía familiar y advirtió que el posible ajuste en el costo del agua agravaría aún más la situación.
«Los servicios básicos constituyen un derecho humano reconocido por la Constitución Política del Estado. Por ello, corresponde a las autoridades nacionales brindar información clara y garantizar que las medidas económicas no vulneren ese derecho», sostuvo.
Mamani explicó que la Gobernación aguardará la respuesta oficial de la AAPS para evaluar las acciones institucionales que correspondan, con el propósito de defender los intereses de la población cochabambina.
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La Gobernación de Cochabamba reiteró su preocupación por las consecuencias económicas que podrían generar estas medidas sobre los hogares, especialmente los de menores ingresos. Ratificó su compromiso de realizar el seguimiento correspondiente para garantizar el acceso a los servicios básicos en condiciones justas y transparentes.
