Se levantaron los bloqueos, se despejaron las rutas, volvieron los camiones. Esa es la imagen largamente ansiada por el país y tardó más de 50 días en producirse tras la última ola de protestas. Parecería que basta con reabrir las carreteras para que la economía retome su marcha. Sin embargo, el economista Juan Fernando Subirana desmonta esa ilusión con una precisión y ejemplos concretos.
«No es como un interruptor de encender y apagar la luz, que sería lo ideal», afirma. Bolivia sale de más de siete semanas de conflicto social con las carreteras finalmente expeditas, pero con una economía que tardará entre ocho y doce meses en reencauzarse. En suma, queda un 2026 que ya puede considerarse, en palabras del propio Subirana, «un año perdido».
El diagnóstico no es retórico. Las cadenas productivas que sostienen el aparato económico boliviano no funcionan como un grifo: no se abren y se cierran a voluntad. El sector avícola, por ejemplo, requiere ciclos completos de producción —carga de granjas, engorde, distribución— que los bloqueos interrumpieron en distintas fases simultáneamente. Lo mismo ocurre con la producción agrícola, donde las cosechas perdidas no se recuperan con el levantamiento de una barricada, sino con la siguiente siembra, la siguiente estación, el siguiente ciclo. «Son cadenas productivas que han sido vulneradas en su integridad y que restablecerlas demanda bastante tiempo, demanda épocas, demanda estaciones específicas», explica Subirana.
Agregación de daños
A eso se suma el daño logístico acumulado. Según la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), las pérdidas del sector privado exportador alcanzaron los $us 978 millones al 11 de junio, antes incluso del desenlace del conflicto. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó daños superiores a Bs 90 millones en infraestructura vial —zanjas abiertas en el asfalto, barreras destruidas, señalética utilizada como material de bloqueo. Y el sector turístico contabilizó pérdidas por encima de los Bs 150 millones, con reservas canceladas y operadores paralizados durante semanas.
La cifra agregada que emerge de los distintos análisis es de una magnitud que no tiene antecedentes recientes. El economista Fernando Romero calificó mayo de 2026 como «uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019». Las pérdidas totales, estimadas en torno a los 3.000 millones de dólares al cierre del conflicto, equivalen a aproximadamente el 5% del PIB de 2025. El riesgo país, medido por el índice EMBI, superó temporalmente los 600 puntos básicos en los momentos de mayor tensión, ubicando a Bolivia entre las dos economías de mayor riesgo de América Latina. «Ha duplicado el nivel de riesgo país de lo que teníamos en enero a lo que tenemos ahora», confirma Subirana. La Cámara Nacional de Industrias advierte que el FMI ya proyectaba una caída del PIB del -3,3% para 2026, cifra que los bloqueos podrían profundizar hasta el -3,8%.
Todo esto ocurre sobre un piso macroeconómico que ya era frágil antes del conflicto: déficit fiscal del 12,2% del PIB, deuda pública cercana al 90% del PIB. Además, con reservas internacionales que arrastran liquidez limitada. Es en ese contexto donde el Gobierno deberá trazar el camino de regreso.
Hacia la recuperación
Subirana identifica tres pilares para la recuperación. El primero es la eficiencia fiscal: reducir el déficit y hacer más eficiente el gasto público. El segundo es la articulación público-privada, para reabrir mercados y restablecer los vínculos rotos por la parálisis. El tercero, y el que más peso tendrá para el mediano plazo, es la estructura normativa. «Se requiere todo el andamiaje jurídico-legal necesario para que la seguridad jurídica de las empresas que están invirtiendo sea completamente protegida frente a la ley, frente a la norma». Sin ese marco, advierte, Bolivia no volverá a ser un destino atractivo para la inversión.
La hoja de ruta existe. El problema es que deberá ejecutarse con márgenes de maniobra estrechos, en una economía que llega exhausta al presente.
