Desde el 29 de junio, mediante la Resolución Ministerial 245/2026, el país dejó atrás casi quince años de tipo de cambio fijo del dólar. El Banco Central de Bolivia (BCB) calcula ahora a diario el tipo de cambio oficial sobre la base de las operaciones del sistema financiero, que se ubicó en torno a Bs 9,73 por dólar en su estreno, frente al 6,96 vigente desde 2011. Para el sector inmobiliario, la medida es clave para los costos y los precios de los bienes raíces. El efecto más directo pasa por los insumos importados. Los impuestos de importación dejaron de calcularse con el antiguo tipo oficial y se rigen por la nueva cotización.
«El nuevo escenario cambiario incide sobre la estructura de costos de los proyectos. Especialmente en aquellos componentes vinculados a insumos importados o contratos referenciados al tipo de cambio oficial», explicó Ariel Chávez. El coordinador general de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), no obstante, evitó anticipar un traslado uniforme a precios de casas, departamentos y terrenos. «Sería incorrecto afirmar que todos los proyectos o todas las empresas reaccionarán de la misma manera. Cada desarrollo tiene una realidad distinta», dijo.
Los costos de construcción en Bolivia acumulan un incremento de más de 51% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, según datos de la CBDI. La cifra, revelada por Chávez, dimensiona el ajuste que el sector ya venía absorbiendo desde el inicio de la escasez de divisas. La situación ingresa ahora en una nueva etapa con la vigencia del tipo de cambio oficial flexible.
Contratos bajo revisión
Más que un encarecimiento generalizado, el ejecutivo describió una etapa de reorganización. «Cada empresa está revisando sus estructuras de costos para mantener la viabilidad de los proyectos. Al mismo tiempo, están procurando que el impacto sobre las familias sea el menor posible», señaló.
Uno de los frentes más sensibles es el de los contratos de compraventa y preventa firmados bajo la premisa de un dólar estable. Chávez indicó que cada contrato debe analizarse según las condiciones pactadas y el marco normativo vigente. Indicó que la Cámara recomendó a sus asociados «privilegiar la buena fe contractual, la comunicación transparente y la búsqueda de acuerdos cuando las circunstancias así lo requieran».
Hacia adelante, anticipó que los nuevos contratos incorporarán cláusulas más claras sobre mecanismos de actualización cambiaria, para dar previsibilidad a clientes y empresas.
Créditos
En el frente financiero, el gerente de la CBDI prevé «un periodo de mayor cautela de parte de la banca mientras el mercado asimila las nuevas condiciones». En ese contexto, planteó la única propuesta de política pública de la conversación: una nueva política de acceso a vivienda que democratice el crédito. «Actualmente, el crédito hipotecario de vivienda solo llega al sector formal, excluyendo a profesionales independientes y cuentapropistas», advirtió.
La demanda, en tanto, se mueve en dos direcciones. «Hay personas que consideran al inmueble como una forma de proteger su patrimonio. Otras prefieren esperar hasta comprender mejor el nuevo escenario económico», describió Chávez. Para el ejecutivo se trata de «una reacción natural en un periodo de transición». Los fundamentos de largo plazo de la inversión inmobiliaria, sostuvo, se mantienen.
Lo que pide el sector
De cara al segundo semestre, la CBDI identifica tres condiciones para que la flexibilización cambiaria se traduzca en reactivación: previsibilidad, seguridad jurídica y mayor acceso a financiamiento para familias y empresas. «Las empresas necesitan reglas claras para planificar inversiones y las familias necesitan confianza para tomar decisiones de largo plazo», resumió Chávez.
La Cámara comprometió un seguimiento técnico de la implementación del nuevo régimen y diálogo permanente con las autoridades. «Más que plantear posiciones, creemos que este es un momento para construir consensos», concluyó el coordinador de la CBDI.
