Luego de la prolongada crisis, la bancada de Libre presentó este martes una demanda penal contra una decena de dirigentes de organizaciones sociales por los bloqueos de caminos de 53 días y que, según datos citados por los denunciantes, dejaron cerca de 20 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.
La acción judicial apunta a dirigentes sindicales y políticos, entre ellos el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el dirigente campesino de La Paz “Túpac Katari”, Vicente Salazar; el exdirigente David Mamani; el expresidente Evo Morales; y el senador suplente de Unidad, Nilton Condori, además de otros nombres mencionados en la denuncia.
El abogado de la bancada denunciante, Williams Sánchez, explicó que la demanda fue presentada con el respaldo de más de 50 elementos probatorios para que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes.
Lea también: La Policía traslada a exministra Alanoca a la FELCC ‘para una investigación’
“Quiero señalar que el día de hoy se está presentando justamente la denuncia penal en contra de las autoridades, en este caso sindicales, la Central Obrera Boliviana, la Fejuve, la Csutcb, algunos miembros de la Túpac”, señaló el jurista al momento de formalizar la acción legal junto al diputado Edgar Zegarra.
Los denunciantes acusan a los implicados de presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra el servicio de transporte y la salud pública, homicidio, organización criminal, entre otros cargos.
Según la bancada de Libre, los bloqueos habrían generado daños económicos superiores a los 2.500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del sector empresarial.
Las protestas impulsadas por la COB comenzaron en mayo con demandas laborales y salariales, pero posteriormente escalaron hacia pedidos políticos, como la renuncia del Presidente.
Tras más de 50 días de conflicto, el 19 de junio se firmó un acuerdo entre la dirigencia de la COB y el Gobierno que permitió levantar parcialmente las medidas de presión. Sin embargo, la “Túpac Katari” y sectores afines al expresidente Morales mantuvieron las protestas por algunos días más.
En respuesta a la continuidad de los bloqueos, el Gobierno decretó estado de excepción en la madrugada del 20 de junio, medida que posteriormente fue respaldada por la Asamblea Legislativa.
