Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España señala que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones ante el gobierno de Luis Arce en favor del peruano Grupo Gloria.
Según datos de la investigación, publicados por Infobae, la investigación identificó tres transferencias por un total de 200.000 euros que ingresaron a la cuenta de Zapatero entre julio de 2024 y junio de 2025. Los investigadores sostienen que los pagos llegaron a través de la empresa peruana Focus Social Research.
Los investigadores creen que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados» para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una «sociedad interpuesta».
El objetivo de la supuesta dinámica sería «tratar de mediar o influir» a favor del grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con Bolivia, entre ellos el caso de competencia desleal entre dos cementeras del país, y para ello Zapatero, según la UDEF, «se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia», como el por entonces presidente Luis Arce, y los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado.
Lea también: Paz demanda firmeza para llevar a la cárcel a quienes hicieron daño durante bloqueos
La publicación señala que las gestiones comenzaron en mayo de 2024 y que la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, participó en contactos entre representantes del conglomerado peruano y el expresidente español.
Según la investigación, Zapatero viajó a Bolivia en septiembre de 2024 y sostuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce y el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Además, menciona al exministro de Justicia, César Siles.
Según el medio, la UDEF concluye que la secuencia entre las gestiones realizadas, la suspensión temporal de la sentencia contra una cementera y los pagos posteriores “apunta a la existencia de una relación de causa y efecto”.
La investigación forma parte del denominado caso Plus Ultra, en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó al exmandatario español al considerar que existen indicios de una presunta trama de tráfico de influencias.
El informe señala que el expresidente español sostiene que toda su actuación profesional se desarrolló dentro del marco de la legalidad.
