La bancada de Unidad de la Asamblea Legislativa expresó este martes su respaldo al diputado Carlos Alarcón y cuestionó la actuación del Ministerio Público tras la citación que recibió el legislador para declarar en Sucre con apenas dos horas de anticipación.
El bloque calificó el hecho como un acto de amedrentamiento y afirmó que afecta el ejercicio de deberes.
“La bancada afirmó que una convocatoria realizada en esas condiciones dificulta el cumplimiento de la diligencia y afecta el normal ejercicio de la labor legislativa y de fiscalización”, dice el comunicado.
La jefa de bancada de la Cámara de Diputados, Karina Liebers, aseguró que una convocatoria en esas condiciones impide el cumplimiento de la diligencia y dificulta el desarrollo de las funciones legislativas. “Toda investigación debe desarrollarse con apego al debido proceso, las garantías constitucionales y la objetividad, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de los legisladores”.
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La alianza también rechazó cualquier intento de intimidación contra legisladores que ejercen tareas de control político y reiteró que respeta las investigaciones del Ministerio Público, siempre que se desarrollen dentro del marco de la Constitución y las leyes.
En ese sentido, exhortó a las instituciones del Estado a actuar con apego a la legalidad, la independencia institucional y el Estado de Derecho.
Hace una semana, Alarcón denunció que fue notificado en su domicilio en La Paz para presentarse dos horas más tarde en la Fiscalía de Sucre, en calidad de testigo dentro de una investigación relacionada con asuntos internos del Ministerio Público.
El legislador afirmó que el plazo hacía imposible cumplir con la citación y atribuyó la convocatoria a una represalia por sus cuestionamientos al fiscal General del Estado, Roger Mariaca.
De acuerdo con Alarcón, la citación correspondía a una investigación de oficio por presuntos delitos de uso indebido de influencias y manipulación informática, aunque aseguró que no tuvo acceso al contenido de la denuncia ni a los antecedentes del caso.
Su defensa solicitó la reprogramación de la declaración y el acceso al expediente, pedidos que, según el legislador, no fueron atendidos.
