El Grupo Gloria confirmó que su filial boliviana Soboce pagó 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por un contrato de asesoría relacionado con el proceso de reclamación por la expropiación de sus acciones en la cementera Fancesa.
No obstante, la empresa rechazó que el exmandatario haya sido contratado para influir en decisiones de la justicia boliviana.
La aclaración fue enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, luego de que el regulador solicitara información sobre versiones periodísticas que vinculaban a Rodríguez Zapatero con gestiones realizadas a favor del conglomerado empresarial en Bolivia.
El Grupo Gloria explicó que Soboce contrató al exjefe de Gobierno español en 2024 para brindar asesoría en asuntos públicos vinculados al reclamo por la indemnización derivada de la expropiación de su participación accionaria en Fancesa.
Según la empresa, el trabajo de Rodríguez Zapatero se centró en aspectos comunicacionales e institucionales y en facilitar espacios de diálogo con autoridades bolivianas para buscar una salida negociada al conflicto.
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«La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente», señala el documento.
El Grupo Gloria también sostuvo que la información difundida sobre el caso «no recoge información exacta» y defendió la legalidad de la contratación.
La semana pasada, se reveló un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España señalara que Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros por realizar gestiones ante autoridades del entonces gobierno de Luis Arce en favor de Soboce.
De acuerdo con ese reporte, el pago se concretó tras un fallo emitido por una sala constitucional de La Paz y el exmandatario sostuvo reuniones con Arce y exministros de Economía y Justicia durante 2024.
El conflicto entre Soboce y el Estado boliviano se remonta a 2010, cuando el Gobierno dispuso la expropiación del 33,34% de las acciones que la empresa poseía en Fancesa. La compañía sostiene que la indemnización aún no fue cancelada y calcula que la deuda asciende a cerca de 296 millones de dólares, motivo por el que inició procesos judiciales y un arbitraje internacional.
