Rodrigo Paz ha demostrado con creces ser el peor presidente que pudimos haber elegido después del MAS. Nunca tuvo la capacidad de hacer las reformas económicas profundas que el país necesitaba y aún espera, no limpió la burocracia y la corrupción heredadas, es más, se llenó de corrupción propia a gran escala (YPFB, gasolina basura, cajas fuertes de Marset, narcomaletas, narcomaderas, etc.), y, en general, nunca definió un norte o una visión de país a alcanzar. Lo suyo fue y es la improvisación.
Pero lo peor llegó hace 50 días cuando la COB (a la que el presidente revivió dejándola vetar el DS 5503) y el evismo, patrocinado por el narco, decidieron bloquear el país. Ante el asedio de los revoltosos, Rodrigo Paz no tuvo mejor idea que ver de palco como se vulneraban los derechos de los ciudadanos y solo repetía como un mantra su ruego de diálogo a aquellos que pedían su renuncia y se dedicaban a causar terror con el fin de interrumpir el proceso democrático. El gobierno no hizo absolutamente nada. Solo apostó al cansancio.
La ciudadanía, sobre todo en La Paz, aguantó heroicamente, no en apoyo al presidente, sino en el convencimiento de que rendirse al pedido de los revoltosos y sumarse al pedido de renuncia significaba la vuelta al oscurantismo masista. Esta fue probablemente la lección más importante del conflicto. A pesar de que la situación para las familias paceñas se tornaba cada vez más difícil y desesperante, el convencimiento de resistir los intentos desestabilizadores se mantenía firme y el repudio a la COB y al evismo crecía exponencialmente. Repudiados, cansados y sin lograr apoyo de la ciudadanía, la COB y otros grupos revoltosos se dieron por vencidos después de 50 días y decidieron dialogar. Lamentablemente, sin embargo, Rodrigo Paz comete ahí un nuevo y craso error.
La COB y sus dirigentes habían cometido un crimen. Bloquear caminos, dejar a una ciudad entera sin alimentos, sin combustibles e incluso sin oxígeno para los hospitales, por 50 días, es un crimen. Estos señores eran y son, entonces, unos criminales. Pero Rodrigo Paz comete el craso error de aceptarlos como interlocutores legítimos, darles la mano y recibirles un pliego petitorio. Una burla y una bofetada a toda esa gente que vivió aterrorizada por 50 días. Horas después asistimos todos pasmados a la firma de un acuerdo que termina con los bloqueos ordenados por la COB, pero confirma la rendición del gobierno a las presiones autoritarias de los revoltosos.
En el mentado acuerdo el gobierno se compromete nada más ni nada menos que a conformar una comisión legal con representantes del gobierno y la COB y “coadyuvada” por el Ministerio Público “con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos”… ¿Se da cuenta? Aquí no ha pasado nada. Mantuvieron de rehenes a miles de bolivianos por 50 días, pero el gobierno se compromete a ver como libera a los dirigentes que fueron tomados presos. Esto, además de ser una injerencia inconstitucional sobre la justicia, es una promesa de impunidad. Manda un terrible mensaje hacia el futuro: bloqueen nomás que el gobierno después los libera.
El acuerdo además compromete al gobierno a no apoyar ni promover “ninguna norma que criminalice la protesta.” Esto es un absurdo. La protesta pacífica es perfectamente legal. La ilegal, la criminal, es la que infringe en los derechos de los ciudadanos que no tienen nada que ver con la misma. Bloquear caminos y afectar a la ciudadanía es, por lo tanto, ilegal y criminal. El gobierno no debería necesitar ninguna ley especial para desbloquear caminos.
Finalmente, el acuerdo obliga al gobierno a no impulsar la privatización de las empresas públicas. Esto es una camisa de fuerza que, esencialmente, resigna la posibilidad de cerrar el déficit fiscal. El gobierno pierde alrededor de $1,700 millones al año sumando los déficits de todas las empresas públicas (datos de Pópuli). Si no nos podemos deshacer de ellas, cerrar el déficit fiscal será imposible. El gobierno, además, se compromete a formar mesas de trabajo para analizar los demás puntos del pliego de la COB que incluyen la imposibilidad de subir los precios de los combustibles, la imposibilidad de acudir a financiamiento del FMI, la imposibilidad de liberar precios de la canasta básica, etc.
En suma, el gobierno firmó un acuerdo vergonzoso que otorga impunidad a quienes cometieron crímenes y resigna la posibilidad de hacer reformas económicas profundas. El acuerdo hipoteca el futuro del país.
A reglón seguido, sin embargo, y cuando la tinta de las firmas en el acuerdo todavía no secaba, el gobierno sorprende, la madrugada de este sábado pasado, con la declaratoria de estado de excepción. ¿Por qué espero tanto? ¿Por qué dejó que la gente sufriera indefensa por 50 días? A primera vista parecería que el gobierno esperó al desgaste de la COB y otros grupos para aislar y señalar ante el país a aquellos claramente evistas operando esencialmente en el trópico cochabambino.
El estado de excepción, entonces, parecería ser una declaración de guerra al narcoterrorismo chapareño y esa es una buena noticia. Esa es la batalla real, la batalla de la democracia contra el crimen, la batalla del bien contra el mal. Si el gobierno libra esta batalla de forma inteligente (ojalá con la ayuda y asesoramiento de la DEA) esta debería terminar con el apresamiento de Evo Morales.
El gobierno de Rodrigo Paz es, probablemente, lo peor que pudimos haber elegido después del MAS. Todos, sin embargo, debemos apoyar el estado de excepción y situarnos del lado correcto en esta batalla. Ha llegado la hora, aunque tengamos al peor capitán, debemos vencer al narcoterrorismo.
