En teoría, la democracia ofrece múltiples formas de participación ciudadana. En la práctica, son mucho menos frecuentes de lo que solemos imaginar.
Para la mayoría de los ciudadanos, el momento más visible del ejercicio de sus derechos políticos es el del voto. Con todas las dudas acerca de la imparcialidad y la transparencia de su administración, continúa siendo la principal oportunidad para expresar la voz colectiva.
Después de ese instante, los espacios de participación efectiva se reducen considerablemente. Los partidos políticos han perdido vigencia y protagonismo como intermediarios entre la sociedad y el poder. Las organizaciones sociales, sindicales o comunitarias suelen tener influencia en relación directa con su capacidad de ejercitar presión, más que con su representatividad efectiva. Las instituciones escuchan poco y las decisiones públicas suelen quedar concentradas en círculos cada vez más alejados del ciudadano común.
Es convocado para elegir, pero rara vez es convocado para participar. Entonces, resulta muy importante preservar la libertad de juicio, que es aquello que ninguna autoridad puede otorgar ni retirar.
Por ello, me preocupa lo que ocurre después de una justa electoral, cuando quienes llegan al poder interpretan su triunfo como un respaldo incondicional, como si se les hubiera firmado un cheque en blanco.
No comprenden que haber derrotado a un contendiente, posiblemente considerado peor, no los coloca automáticamente por encima de toda exigencia o toda crítica.
Y entonces aparece una advertencia que no siempre se formula abiertamente. A veces ni siquiera se la reconoce. Pero está allí.
Nos piden paciencia. Nos piden comprensión. Nos piden respaldo. Nos piden que esperemos un poco más.
Y poco a poco la paciencia se convierte en resignación, la comprensión en tolerancia frente a los errores, el respaldo en obediencia y la espera en decepción.
Cuando surgen cuestionamientos a la acción del gobierno, aparece el argumento recurrente, casi amenazante: “Cuidado con criticar demasiado, porque podrían volver los otros”.
He escuchado ese razonamiento muchas veces. Demasiadas.
Y cada vez me resulta más inquietante, porque encierra una trampa que obliga al ciudadano a recluirse en la resignación como única alternativa.
Como si no existiera un espacio legítimo para quienes no quieren el regreso del pasado, pero tampoco están dispuestos a renunciar a su derecho de reclamar. Como si la única alternativa fuera conformarnos con lo que vemos y tenemos o retornar a lo que ya fracasó.
Hay algo profundamente equivocado en esa forma de plantear las cosas.
Muchos de los que reclaman cambios más profundos lo hacen justamente porque no desean que vuelvan quienes condujeron al país a la situación de deterioro extremo.
Precisamente porque la población quiere que las cosas funcionen es que observa con preocupación aquello que no funciona. Porque conserva la esperanza es que se niega a conformarse.
La crítica no siempre nace de la oposición. Muchas veces nace del desencanto. Otras veces nace de la responsabilidad, que es más valiosa todavía.
Los gobiernos pasan. Todos los gobiernos pasan.
He visto pasar demasiados. Me he cansado de escuchar discursos que prometían refundar el país. He visto líderes que se presentaban como salvadores. He visto proyectos que aseguraban poseer respuestas definitivas. Y he visto también cómo la realidad terminaba imponiéndose sobre las consignas.
Los gobernantes encuentran siempre explicaciones. A veces cambian de posiciones y casi siempre gozan de nuevos privilegios. Generalmente terminan con vidas cómodas y sin sobresaltos económicos. No pocos disfrutando fortunas de origen ilegal.
El ciudadano no.
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El ciudadano se queda con las consecuencias. Se queda con las deudas, con las oportunidades perdidas, con las instituciones debilitadas, con los años desperdiciados, con las arcas vacías y con el tiempo que nadie podrá devolverle.
Por eso nunca he creído que la principal obligación de un ciudadano sea defender a un gobierno. Su obligación es defender su derecho a pensar, a preguntar, a opinar y a exigir.
La lealtad más importante no es con los que ejercen el poder. Es con el país. Y también con la propia conciencia.
La democracia no necesita ciudadanos obedientes. Necesita ciudadanos conscientes, capaces de pensar por sí mismos.
Porque cuando una persona delega su conciencia en otros, deja de ser un ciudadano para convertirse en un partidario obsecuente. Y cuando una sociedad reemplaza ciudadanos por partidarios, la democracia empieza a degradarse.
Si hay algo que deberíamos esforzarnos por erradicar tanto o más que los errores o la incapacidad de cualquier gobierno, es la tentación de que pidan a los ciudadanos que suspendan el uso de su razonamiento.
Nadie debería callar por conveniencia, ni someterse al silencio por prudencia.
No se puede exigir que los ciudadanos renuncien a cuestionar, con el pretexto de encubrir una causa supuestamente superior. Todas las causas terminan pareciéndose demasiado cuando exigen que las personas dejen de pensar por sí mismas.
Tal vez la verdadera lección que debemos aprender es que la disyuntiva no es elegir entre un gobierno y otro, entre el pasado y el presente. La verdadera disyuntiva es conservar nuestra libertad de juicio o entregarla por comodidad, por miedo o por conveniencia.
Apoyar lo que está bien no obliga a callar frente a lo que está mal. Por el contrario, la responsabilidad ciudadana exige ambas cosas: reconocer los aciertos y señalar los errores.
Porque las democracias empiezan a deteriorarse cuando los ciudadanos dejan de exigir.
Pero terminan de perderse cuando dejan de pensar.
*Es abogado y analista político
