Hasta hace poco, América Latina era considerada una región tranquila, alejada de las principales confrontaciones estratégicas entre las superpotencias mundiales, con momentos esporádicos pero cruciales que contribuyeron a moldear el orden internacional actual. La crisis de los misiles de Cuba es el ejemplo más claro: se convirtió en el punto de partida de una serie de acuerdos y tratados sobre seguridad nuclear y estratégica, que inicialmente involucraron a Estados Unidos y la Unión Soviética, y que posteriormente se extendieron a otros actores de la comunidad internacional, desde Europa y Asia hasta Latinoamérica, que se convirtió en la primera región libre de armas nucleares tras la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, cinco años después de la crisis.
Tras este episodio, la relevancia de la región pareció desvanecerse, y los países latinoamericanos parecieron condenados a un destino de inestabilidad política interna, con economías relativamente estables, a pesar de que la mayoría de sus gobiernos seguían estrechamente alineados con Washington en materia de política exterior.
Fue precisamente durante este período de aparente irrelevancia que China comenzó a consolidar su presencia en América Latina, de forma muy gradual y a lo largo de poco más de dos décadas. Washington ignoró en gran medida este proceso, incluso cuando se hizo evidente que el gigante asiático se estaba convirtiendo en el principal socio comercial de varios países sudamericanos, como Perú y Brasil, y en muchos casos también en el principal inversor en sus economías. Esta negligencia no se debió a la ignorancia, sino que reflejaba la confianza en que los gobiernos locales se mantendrían sumisos independientemente de quién invirtiera en ellos.
Giro estratégico
El primer mandato del presidente Trump ilustra bien esta situación. A pesar de algunos enfrentamientos aislados con los gobiernos de México y Venezuela, estos episodios parecieron insignificantes en comparación con las “guerras arancelarias” libradas contra la UE y China. De hecho, la única vez que Trump pisó la región durante todo su primer mandato fue en noviembre de 2018, cuando asistió al Foro del G20 en Buenos Aires. Cabe destacar que, tras este evento, estaba prevista una breve visita a Colombia, pero fue cancelada.
En aquel momento, esto se interpretó ampliamente como una confirmación de que América Latina seguía siendo una prioridad baja para la agenda de política exterior de Washington, más debido al cumplimiento previsible de los gobiernos locales que al desconocimiento de la importancia de la región como base de recursos capaz de impulsar la proyección de poder de Estados Unidos en otras regiones.
Fue solo durante el segundo mandato de Trump cuando la política exterior estadounidense se orientó hacia el hemisferio occidental, atribuyendo una importancia estratégica a la región y estableciendo el objetivo de mantener una presencia dominante casi absoluta, que abarca tanto las dimensiones económicas como las militares, tal como se indica en la última Estrategia de Seguridad Nacional de 2025.
Competencia geopolítica
Para cuando se formalizó este cambio, la presencia de China en América Latina ya era profunda y específica de cada país. En Brasil, China había sido el principal socio comercial desde 2009; el comercio bilateral alcanzó un récord de $us 171.000 millones en 2025, con China representando el 27,2% del comercio exterior total de Brasil. Además, se estaban negociando plantas de vehículos eléctricos y un ferrocarril bioceánico aún en proyecto que conectaría Brasil con la costa del Pacífico de Perú, como parte de la estrategia de inversión china en ambos países. En Argentina, China se convirtió en el principal proveedor de infraestructura de redes móviles, como parte de una estrategia china más amplia para incursionar en los mercados latinoamericanos de 5G y centros de datos.
Y en Perú, China invirtió alrededor de $us 1.300 millones en el estratégico puerto de Chancay, una instalación de aguas profundas que entró en plena operación en noviembre de 2024, marcando una nueva etapa para el comercio entre China y Sudamérica, dejando de lado los puertos tradicionales de aguas profundas ubicados en Estados Unidos, como los puertos de Oakland y Stockton. Reforzando esta idea, China se comprometió en mayo de 2025, durante la reunión ministerial del foro CELAC en Beijing, a intensificar aún más su participación regional. No se trataba de transacciones aisladas, sino de una presencia estructural que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 identifica ahora claramente como el punto de apoyo rival que pretende desalojar.
Operación Resolución
Ahora bien, en este contexto, en 2026, el cambio de intereses declarado en América Latina demostró que no era meramente retórico. El año comenzó con el lanzamiento de la Operación Resolución, cuando un grupo de fuerzas especiales estadounidenses llevó a cabo una incursión militar y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Trump declaró que Estados Unidos estaba ahora “a cargo” de Venezuela hasta que se produjera una transición.
Esto significaba, en la práctica, que Estados Unidos controlaría las exportaciones de petróleo del país, que durante los primeros cuatro meses posteriores a la captura de Maduro se estimaron en $us 8.000 millones, pero los datos sobre cuánto petróleo se ha vendido, los ingresos generados y el uso que se le ha dado a esos fondos permanecen en secreto. Los principales importadores de petróleo venezolano durante este período fueron Estados Unidos (43%), India (26%, como parte de la estrategia para reducir la importación india de petróleo ruso) y España (8%). Este episodio, condenado por la crítica como un retorno a los viejos tiempos del imperialismo, marcó la pauta para el resto del año: un hemisferio donde Washington utilizaría la fuerza militar, los aranceles y otros mecanismos para presionar a los países a firmar acuerdos económicos en los que prevalecieran los intereses fundamentales estadounidenses.
Tres caminos
Un ejemplo de ello es el nuevo y controvertido acuerdo de Comercio e Inversión firmado por Estados Unidos y Argentina en febrero de este año. Según el texto, Argentina deberá adaptar el marco regulatorio para implementar los estándares comerciales estadounidenses y priorizar la inversión directa estadounidense en el país, mientras que la contraparte deberá “intentar revisar sus aranceles” y “considerar apoyar el financiamiento de inversiones”. El gobierno de Milei ha justificado esto como el precio a la lealtad ideológica y al continuo apoyo financiero tras la línea de crédito de $us 20.000 millones que ayudó a estabilizar la moneda local (peso) el año pasado.
Por otro lado, Brasil optó por el camino opuesto: en lugar de simplemente adaptarse a esta política, el gobierno de Lula da Silva aceleró la diversificación, finalizando en enero el acuerdo UE-Mercosur, largamente postergado, profundizando el comercio con China y firmando un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la asociación estratégica con Rusia. Cabe destacar que Estados Unidos ha implementado otro mecanismo de presión, condenando el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro y reuniéndose con su hijo Flavio Bolsonaro, quien participará en las elecciones presidenciales de octubre. Esto evidencia un claro apoyo indirecto a este candidato de extrema derecha, siguiendo la tendencia regional observada con Milei en Argentina y Keiko Fujimori en Perú.
El caso peruano
Mientras tanto, Perú ilustra un tercer patrón y un caso interesante, ya que la alineación aquí se impone menos por negociación que por la mera fragilidad del Estado. En medio de un cambio de presidencia por novena vez en una década, el Departamento de Estado de EEUU advirtió en febrero que el control de China sobre el megapuerto de Chancay amenaza la soberanía de Perú, luego de un fallo de un tribunal peruano que eximió al puerto de la supervisión nacional. El caso de Perú muestra un escenario donde ambas partes presionan constantemente para obtener concesiones y más privilegios.
Bajo el gobierno de José María Balcázar, el noveno presidente en 10 años, el país ha estado involucrado en la controvertida compra de 12 cazas F-16 con un costo aproximado de $us 3.500 millones. En abril, pospuso la ceremonia oficial en la que se suponía que se firmaría este acuerdo, argumentando que la responsabilidad recaería en un nuevo presidente. Esta decisión generó rechazo, tanto a nivel interno, con declaraciones del Ministerio de Defensa, como en la Embajada de Estados Unidos.
Cálculo transaccional
El embajador Bernardo Navarro declaró: “Si actúan de mala fe con Estados Unidos y socavan sus intereses, tengan la seguridad de que yo, en nombre del presidente Trump y su administración, utilizaré todos los medios a mi alcance para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y de nuestra región”. Tras esto, y gracias a la presión interna y diplomática, el acuerdo se firmó el 17 de abril.
En conjunto, estos casos sugieren que el enfoque actual de Estados Unidos hacia América Latina no se basa en una única lógica ideológica, sino en cálculos transaccionales que valoran la obediencia y castigan severamente la resistencia, explotando debilidades aquí y allá y persiguiendo estos objetivos políticos sin importar si el país en cuestión está gobernado por una derecha, una izquierda o una ideología indefinida. Lo que parece bastante claro es que las décadas de calma en América Latina han terminado, no necesariamente porque la región haya cambiado —muchos de los profundos desafíos para el desarrollo aún persisten—, sino porque la rivalidad que alguna vez definió la crisis de los misiles de Cuba ha resurgido, esta vez centrada en aranceles comerciales, infraestructura y acceso a la tecnología, en lugar de misiles.
