Creo que es bueno reflexionar sobre el reportaje “El destino del dinero: un circuito de fuga”, publicado por El País de Tarija el pasado 21 de junio, trabajo desarrollado en el marco de un programa de capacitación impulsado por Media Party y financiado por el Banco Mundial, es lo que indican y que me parece llamativo.
La investigación pretende mostrar cómo recursos provenientes del ahorro previsional boliviano habrían terminado beneficiando a empresas con accionistas extranjeros, utilizando como ejemplos a Telecel, COBEE y Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA)… Hasta ahí, nada que objetar.
Investigar es una de las funciones esenciales del periodismo. Lo que sí merece una profunda reflexión es la facilidad con la que una investigación puede pasar de exponer datos a construir sospechas; y de construir sospechas a erosionar reputaciones empresariales sin que exista una sola sentencia judicial que respalde las conclusiones que el lector termina asumiendo.
Porque al finalizar la lectura surge una pregunta inevitable: ¿Estamos frente a una investigación que demuestra irregularidades o frente a una narrativa que invita al lector a sospechar de empresas que operan legalmente en Bolivia?… La diferencia no es menor.
En el caso de Telecel, se cuestionan operaciones financieras entre compañías vinculadas dentro de una estructura corporativa internacional. En el caso de COBEE, se observan distribuciones de dividendos realizadas durante años de operación empresarial. Y en el caso de Ferroviaria Oriental, el reportaje ni siquiera identifica una transferencia irregular de recursos. Lo que presenta es una controversia accionaria derivada de un litigio en jurisdicción chilena y posteriormente la conecta con el ahorro previsional boliviano mediante una asociación que deja más preguntas que respuestas.
La pregunta fundamental es sencilla: ¿Alguna de estas empresas ha sido declarada ilegal? ¿Alguna ha sido intervenida por el Estado? ¿Alguna perdió su concesión por incumplimientos? ¿Alguna autoridad boliviana determinó que actuó fuera del marco normativo vigente?… La respuesta pública conocida es negativa.
Sin embargo, el efecto comunicacional ya está producido. El lector promedio termina asociando conceptos como “fuga”, “transferencia”, “limbo”, “opacidad” o “riesgo” con compañías que continúan operando, invirtiendo, pagando impuestos, generando empleo y sometidas a supervisión regulatoria. Y es ahí donde el debate deja de ser periodístico para convertirse en un asunto de interés nacional.
Porque Bolivia atraviesa una etapa económica extremadamente delicada. Necesita atraer inversiones. Necesita generar confianza. Necesita fortalecer la seguridad jurídica. Necesita convencer al mundo de que sigue siendo un país donde vale la pena arriesgar capital.
Pero pareciera que algunos sectores han encontrado una nueva actividad económica: convertir la sospecha en producto editorial.
El problema es que las reputaciones empresariales no son un recurso infinito. Detrás de cada empresa existen trabajadores, proveedores, clientes, accionistas e inversiones que dependen de la confianza pública.
Cuando se instala sistemáticamente la idea de que toda empresa exitosa es potencialmente sospechosa, se termina enviando una señal devastadora a quienes aún consideran invertir en Bolivia.
La señal es clara: “Si usted invierte, crece y genera utilidades, prepárese para ser presentado ante la opinión pública como un caso digno de sospecha permanente”.
Ningún país se desarrolla bajo esa lógica. Las democracias necesitan periodismo de investigación. Pero también necesitan responsabilidad. Porque una cosa es denunciar delitos comprobados. Y otra muy distinta es insinuar irregularidades donde aún no existen resoluciones, sanciones o sentencias que las respalden.
La seguridad jurídica no solamente se destruye desde los gobiernos. También puede deteriorarse cuando el juicio mediático reemplaza al juicio de los hechos. Y cuando eso ocurre, el daño termina alcanzando no solamente a Telecel, a COBEE o a Ferroviaria Oriental.
Termina alcanzando a todos los empresarios que todavía creen que Bolivia puede ser un país donde producir, invertir y generar empleo siga valiendo la pena.
