El procurador general del Estado, Hugo León, informó este miércoles que la Procuraduría aún no consiguió que Armin Dorgathen sea incorporado a los mecanismos de búsqueda internacional de Interpol, en el marco de la investigación por el caso Botrading.
El proceso investiga irregularidades en la contratación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su subsidiaria Botrading, por supuestos sobreprecios en la importación de combustibles durante la anterior administración.
El caso fue investigado incluso por una comisión de la Cámara de Diputados. Se descubrió que estaba implicado el hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce.
León explicó que Dorgathen figura entre los principales investigados, aunque las autoridades no lograron notificarlo debido a que se desconoce su ubicación. En ese contexto, indicó que los trámites para emitir una alerta internacional no prosperaron.
Lea también: TSJ y Gobierno abren diálogo para atender la crisis presupuestaria del Órgano Judicial
«Lamentablemente con Armin Dorgathen lo que hemos tenido es un problema con Interpol. Pese a todos los esfuerzos que hemos podido realizar, no hemos logrado que se active ni el sello azul ni el sello rojo», dijo.
El exejecutivo presidió la empresa estatal YPFB durante el gobierno de Arce. Tras dejar el cargo, fue ubicado en Brasil, aunque las autoridades señalaron que actualmente no cuentan con información pública sobre su paradero.
El Procurador cuestionó las decisiones judiciales adoptadas respecto a otros implicados en la investigación. Afirmó que siete exejecutivos de YPFB denunciados dentro del mismo proceso obtuvieron libertad sin medidas restrictivas.
«Lamentablemente, y pese a nuestras reclamaciones ante la Fiscalía General y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a ninguno de los siete se les impuso ningún tipo de restricción. Vale decir, les han dado libertad pura y simple», indicó.
La Procuraduría anunció que continuará impulsando las acciones legales dentro del caso Botrading y reiteró que buscará el esclarecimiento de las presuntas irregularidades investigadas en la compra de carburantes.





















































































