La diputada Lucero Justiniano (Libre) presentó un proyecto de ley para abrogar los decretos supremos 4500 y 4710, normas que permiten la declaratoria en comisión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales con el pago del 100% de sus salarios y beneficios sociales mientras ejercen funciones sindicales.
La legisladora sostuvo que la iniciativa busca eliminar lo que calificó como «privilegios» otorgados a los dirigentes sindicales y afirmó que estos beneficios generan un trato desigual frente al resto de los trabajadores del país.
COB
“En este momento, ¿qué está haciendo el señor Mario Argollo? ¿Estará trabajando como miles de bolivianos? ¿O estará planificando su próximo bloqueo para paralizar el país mientras sigue gozando sus privilegios del 100% de su sueldo? Eso es exactamente lo que nosotros queremos cambiar”, declaró Justiniano al presentar la propuesta.
La parlamentaria afirmó que el proyecto constituye el inicio de una revisión de los beneficios concedidos durante años a diferentes organizaciones sindicales y adelantó que impulsará nuevas iniciativas legislativas.
Privilegios
“Este proyecto de ley es el comienzo y no el último, porque revisaremos uno por uno todos los beneficios especiales que durante muchísimos años recibieron determinados dirigentes sindicales”, señaló.
Justiniano remarcó que la propuesta busca establecer un trato igualitario para todos los trabajadores del país y cuestionó que algunos dirigentes mantengan sus ingresos mientras desempeñan actividades gremiales.
Proyecto
“No puede haber una Bolivia para los que trabajan y otra Bolivia para los que gozan privilegios y gozan beneficios”, enfatizó.
La propuesta surge semanas después de que el entonces ministro de Trabajo, Édgar Morales, informara que el costo anual de la planilla correspondiente a dirigentes declarados en comisión supera los Bs 47 millones. Ese monto, según la autoridad, corresponde al pago de salarios y beneficios de representantes sindicales que ejercen funciones amparadas por los decretos que ahora se pretende derogar.
