Los bloqueos terminaron, pero el desafío para el Gobierno apenas comienza. Después de 53 días de conflicto, el Ejecutivo enfrenta un escenario distinto al que existía antes de las movilizaciones.
Pues existe una economía golpeada, una gobernabilidad debilitada, un abastecimiento de combustibles que aún no recupera la normalidad y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas.
Tres analistas coinciden en que el país necesita un cambio de estrategia política para evitar que la crisis vuelva a repetirse.
El consultor político Ricardo Paz aseguró que la prioridad debe centrarse en reconstruir la institucionalidad democrática mediante acuerdos políticos capaces de sostener las decisiones que el país necesita. En su criterio, el Gobierno debe cumplir el compromiso asumido tras el acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y avanzar hacia un gran pacto.
«Hay que convocar primero a quienes tienen la legitimidad del voto y, con ellos, construir un acuerdo nacional que permita aprobar un plan de emergencia, definir leyes que necesita el país y establecer una agenda», afirmó.
Para Paz, ese diálogo debe comenzar en la Asamblea y extenderse a gobernadores y alcaldes, antes de incorporar a organizaciones sociales, empresarios y otros sectores. Consideró que el país necesita devolver el protagonismo a las instituciones y dejar atrás una lógica de negociación basada en la presión protestas.
«Después, por supuesto, corresponde dialogar con los sectores sociales, pero en otro nivel y en otro momento, para que aporten a la ejecución de esas políticas y no para sustituir el acuerdo político que necesita Bolivia», añadió.
Esa necesidad de acuerdos aparece en el análisis de Carlos Saavedra. Sin embargo, el consultor considera que Bolivia enfrenta un problema todavía más profundo. Se trata de una transición política que obliga a redefinir la relación entre el Estado, la sociedad y los niveles de gobierno.
Saavedra explicó que el país se encuentra entre un modelo político que comienza a agotarse y otro que todavía no logra consolidarse. De ese modo, afirmó que ninguna solución será sostenible si responde solo a la coyuntura.
En su criterio, el Gobierno debe impulsar tres grandes acuerdos. El primero debe construirse en el ámbito político y parlamentario para garantizar la aprobación de las leyes que permitan enfrentar la crisis económica. El segundo debe reconstruir la relación con organizaciones sociales que mantengan representación real y capacidad de interlocución. El tercero debe fortalecer el vínculo con gobernaciones, municipios y regiones para reducir la confrontación territorial que también quedó en evidencia durante el conflicto.
«Solo un acuerdo político, social y territorial permitirá afrontar una crisis tan profunda como la que vive Bolivia», afirmó.
Aunque parten de enfoques diferentes, ambos analistas coinciden en que la gobernabilidad ya no dependerá únicamente del control político del Gobierno.
Para Hernán Cabrera, la crisis también dejó una enseñanza institucional. Consideró que el país necesita un proceso de autocrítica para evitar que se repitan los errores que prolongaron el conflicto durante casi dos meses.
«Lo importante ahora es sacar enseñanzas. No hacerlo sería un grave error», indicó.
El analista señaló que la responsabilidad no recae únicamente sobre el Ejecutivo, sino en todas las instituciones del Estado, que deben evaluar su desempeño durante la crisis, desde los órganos del poder público hasta las entidades encargadas de garantizar derechos y administrar justicia.
Cabrera observó que la forma de enfrentar el conflicto terminó agravando sus consecuencias económicas y sociales. Consideró que el Gobierno no puede volver a responder con una estrategia basada únicamente en el desgaste de las movilizaciones.
«El Gobierno tendrá que hacer varios ajustes. No solamente avanzar hacia un gran acuerdo nacional, sino también mejorar la gobernabilidad», añadió.
Uno de los mayores desafíos aparece precisamente en el ámbito económico. Después de semanas de bloqueos, miles de pequeños negocios redujeron sus ingresos, varios sectores productivos reportaron pérdidas millonarias y el abastecimiento de combustibles continúa con dificultades en distintas regiones del país.
Para Cabrera, la prioridad consiste en recuperar la confianza. «El país necesita recuperar confianza. Confianza de los inversionistas. Confianza de los productores. Confianza de la población».
El consultor advirtió que esa confianza dependerá tanto de las decisiones económicas como de la forma en que el Gobierno comunique sus acciones. Durante el conflicto, la población recibió mensajes contradictorios que afectaron la credibilidad.
Paz coincidió en que las decisiones económicas ya no admiten más postergaciones y aseguró que el Ejecutivo deberá asumir medidas difíciles, especialmente en materia de combustibles y financiamiento externo.
Explicó que la eliminación parcial de la subvención generó incertidumbre porque el Gobierno no presentó una política para explicar cómo funcionaría el nuevo sistema de precios ni cuáles serían las reglas del abastecimiento.
«Lo correcto habría sido definir un sistema de precios flotantes o una política gradual que permita a la población entender cómo funcionará el mercado», afirmó.
El analista consideró que Bolivia necesitará acceder a recursos internacionales para estabilizar la economía y garantizar liquidez. «Bolivia terminará negociando con organismos internacionales. No se trata de un asunto ideológico; se trata de una necesidad».
Sin embargo, advirtió que ningún organismo internacional otorgará algún tipo de financiamiento si antes el país no demuestra estabilidad política y capacidad para aprobar reformas desde la Asamblea Legislativa.
