La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el martes en La Paz, los principales hallazgos del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 y del Informe de Validación de la Información sobre la Destrucción de Drogas Ilegales Incautadas en Bolivia 2025.
El acto, realizado en el salón Tiwanaku del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de la Unión Europea (UE) y del sistema de las Naciones Unidas.
Según un reporte institucional, la representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, expuso un resumen de los principales resultados contenidos en ambos documentos. Explicó que el informe mundial evidencia una rápida transformación de los mercados de drogas, impulsada por los avances tecnológicos, la aparición de nuevas sustancias y un contexto internacional cada vez más complejo, factores que favorecen nuevas modalidades de operación del crimen organizado.
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Datos
El documento señala que alrededor de 331 millones de personas consumieron algún tipo de droga en 2024, lo que equivale al 6,2 % de la población mundial de entre 15 y 64 años. Asimismo, advierte que solo una de cada doce personas con trastornos asociados al consumo recibe tratamiento, situación que refleja la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención y rehabilitación.
Respecto al mercado de la cocaína, el informe indica que la producción mundial superó las 4.000 toneladas en estado puro durante 2024, más de cuatro veces el volumen registrado hace diez años. También alerta sobre la expansión de las redes del crimen organizado hacia mercados emergentes, además de la consolidación de su presencia en destinos tradicionales.
En Bolivia
Durante la presentación también se dieron a conocer los resultados del informe de validación correspondiente a Bolivia. La UNODC informó que verificó el 93,3 % del total de drogas ilegales destruidas por las instituciones competentes durante 2025, equivalente a 65,36 toneladas de un total de 70,05 toneladas registradas.
Según la organización, este mecanismo de verificación independiente, implementado por la UNODC y financiado por la UE, fortalece la transparencia, la coordinación interinstitucional y la confianza en los procedimientos aplicados para la disposición final de sustancias controladas. Además, aporta información objetiva para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
